El Gobierno debe mantener el cierre de Almaraz. El ecologismo español exige clausurar la planta atómica extremeña según el calendario pactado, advirtiendo que cualquier prórroga arruinaría la estrategia de transición ecológica y desincentivaría las inversiones millonarias proyectadas en energías limpias.
Sostienen que el visto bueno técnico del supervisor atómico es insuficiente, ya que obvia el verdadero impacto económico y la compleja gestión de los residuos radiactivos, decisiones que competen exclusivamente al Gobierno central.
Mantener operativa esta infraestructura hasta final de la presente década restaría fondos de inversión a la generación eólica y solar, incrementando la quema de gas y encareciendo sustancialmente el recibo de la luz para todos los consumidores.
La clausura definitiva garantizará la estabilidad del sistema eléctrico nacional, permitiendo cumplir los objetivos de descarbonización sin depender de una tecnología obsoleta que, además, ya no resulta necesaria para asegurar el suministro del país.
El Gobierno debe mantener el cierre de Almaraz para garantizar la transición energética
El Gobierno debe mantener el cierre de Almaraz, según reclaman las cinco principales organizaciones ecologistas de España, que instan al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) a rechazar la solicitud de prórroga presentada para la central nuclear extremeña.
Las entidades sostienen que alterar el calendario de cierre acordado en 2019 supondría romper la planificación energética sobre la que se ha diseñado el despliegue de las energías renovables recogido en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), generando incertidumbre para las inversiones y dificultando el cumplimiento de los objetivos climáticos.
El Gobierno debe mantener el cierre de Almaraz porque cambiar el calendario generaría incertidumbre
Las organizaciones Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF consideran que el calendario de cierre nuclear constituye uno de los pilares de la política energética española.
A su juicio, modificar ahora ese compromiso alteraría la planificación del PNIEC, afectaría a la confianza de los inversores y ralentizaría el despliegue de nuevas instalaciones renovables y sistemas de almacenamiento.
Recuerdan que el calendario fue acordado entre el Gobierno y las empresas propietarias de las centrales en 2019 y que ha servido de referencia para la transición energética de los últimos años.
El informe del CSN no decide sobre la política energética
Las organizaciones subrayan que el informe favorable emitido por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) se limita exclusivamente a evaluar los requisitos de seguridad nuclear y radiológica.
Sin embargo, sostienen que corresponde al Gobierno valorar otros aspectos como el interés general, la planificación energética, el impacto económico sobre la ciudadanía, la gestión de los residuos radiactivos y los objetivos climáticos. Por ello, consideran que el informe del CSN resulta insuficiente para justificar una prórroga de la central.
Los ecologistas alertan de un mayor coste y menos renovables
Según las organizaciones, prolongar la actividad de Almaraz hasta 2030 podría reducir hasta un 25 % la nueva capacidad renovable prevista debido a la incertidumbre generada en el mercado energético.
También sostienen que retrasar el cierre favorecería un mayor consumo de gas natural en los años posteriores, incrementando las emisiones de CO₂ y dificultando la descarbonización del sistema eléctrico.
Además, estiman que esta situación supondría un sobrecoste acumulado de 3.831 millones de euros en la factura eléctrica entre 2026 y 2033, en comparación con el escenario de cierre previsto para 2028.
Cuestionan que la prórroga mejore la seguridad del suministro
Las organizaciones recuerdan que el propio Gobierno estableció tres condiciones para autorizar una posible prórroga: seguridad radiológica, garantía del suministro eléctrico y ausencia de costes adicionales para la ciudadanía.
En su opinión, únicamente la primera condición estaría respaldada por el informe del CSN, mientras que las otras dos no se cumplirían.
Argumentan que las paradas registradas por la central desde 2024 no comprometieron el suministro eléctrico nacional y señalan que, tras el gran apagón, la energía nuclear fue una de las últimas tecnologías en recuperar la producción.
Piden una decisión coherente con los objetivos climáticos
Las cinco organizaciones reclaman que el MITECO mantenga el calendario de cierre acordado y rechace la solicitud de prolongar la vida útil de los reactores de Almaraz.
Consideran que respetar la planificación vigente aportará estabilidad regulatoria, favorecerá las inversiones en energías renovables y contribuirá al cumplimiento de los compromisos climáticos adquiridos por España.
A su juicio, retrasar el cierre supondría posponer problemas relacionados con la gestión de residuos radiactivos y dificultaría la transformación del modelo energético.
El debate continúa
El futuro de Almaraz vuelve a situarse en el centro del debate energético español, donde se enfrentan las posiciones que defienden prolongar la vida útil de las centrales nucleares y quienes consideran prioritario acelerar el desarrollo de las energías renovables.
Que el Gobierno debe mantener el cierre de Almaraz es la principal reivindicación de las organizaciones ecologistas, que piden al Ejecutivo una decisión alineada con el PNIEC, la transición energética y los objetivos de reducción de emisiones.
El Gobierno debe mantener el cierre de Almaraz
¿Por qué el Gobierno debe mantener el cierre de Almaraz, según los ecologistas?
Porque consideran que modificar el calendario aprobado en 2019 generaría inseguridad jurídica, retrasaría el despliegue renovable y dificultaría el cumplimiento de los objetivos climáticos.
¿Qué organizaciones piden mantener el cierre de Almaraz?
La petición está firmada por Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF.
¿Qué dice el informe del Consejo de Seguridad Nuclear?
El CSN emite un informe favorable únicamente sobre los aspectos de seguridad nuclear y radiológica, sin valorar las implicaciones económicas, energéticas o climáticas.
¿Qué consecuencias tendría prorrogar la central de Almaraz, según el comunicado?
Las organizaciones sostienen que podría reducir hasta un 25 % el despliegue renovable previsto y provocar un sobrecoste estimado de 3.831 millones de euros en la factura eléctrica entre 2026 y 2033.