Un estudio de Libertad y Desarrollo identificó que ocho de los 13 megaproyectos aprobados entre enero y agosto, o sea más del 60%, mantienen o han enfrentado reclamaciones administrativas. El centro de estudios advierte que el alto volumen de iniciativas de gran escala podría incrementar la carga del sistema de reclamaciones y trasladar parte de los conflictos a la vía judicial.
Entre enero y agosto, se aprobaron ambientalmente 219 iniciativas por un monto total de US$40.162 millones, más del doble del promedio registrado para el mismo período entre 2014 y 2026. El mayor dinamismo se concentra en proyectos de gran envergadura.
De acuerdo con un estudio de Libertad y Desarrollo (LyD) dado a conocer por DF, del monto total aprobado durante los primeros ocho meses del año, US$30.124 millones corresponden a 13 megaproyectos con inversiones superiores a US$500 millones.
Sin embargo, junto con el aumento de las aprobaciones, el análisis pone el foco en un factor que podría condicionar la materialización de estas inversiones: las reclamaciones administrativas y el eventual riesgo de judicialización.
Según LyD, ocho de los 13 megaproyectos, equivalentes al 61,5%, se encuentran con algún recurso administrativo en trámite o ya han enfrentado al menos un proceso de reclamación.
Entre las iniciativas que ya no son susceptibles de recursos administrativos, debido a que vencieron los plazos establecidos, se encuentran la Línea 8 de Metro, con una inversión de US$1.900 millones; el Parque Eólico Wayra, por US$624 millones; y el Parque Eólico Faro del Sur, por US$500 millones. En tanto, el proyecto integral de amoníaco verde en Magallanes, cuya inversión alcanza los US$11.000 millones, y el Parque Eólico Cuatro Vientos, de US$540 millones, todavía se encuentran dentro del plazo para presentar una reclamación.
Mayor cantidad de reclamaciones
Para LyD, la institucionalidad ambiental ha logrado aprobar un número importante de proyectos de alta magnitud económica y con capacidad de generación de empleo. Sin embargo, advierte que “el desafío es que estos grandes proyectos puedan concretarse, pues son los más susceptibles a enfrentar recursos de reclamación administrativa y judicial”.
El centro de estudios también recoge información de la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión (OASI), dependiente del Ministerio de Economía. Según estas cifras, durante los primeros seis meses de la actual administración, el Comité de Ministros ha destrabado proyectos por US$17.310 millones. La cifra contrasta con los US$266 millones que promediaron los tres gobiernos anteriores durante sus respectivos primeros seis meses.
No obstante, LyD plantea dudas respecto de la capacidad de mantener este ritmo en el tiempo, particularmente considerando el volumen de proyectos de gran escala que está ingresando al sistema.
La preocupación “es qué tan sostenida será esa velocidad asumiendo que proyectos grandes aprobados puede implicar mayor cantidad de reclamaciones”, señala el centro de estudios.
Después de la calificación ambiental
El análisis también advierte que la aprobación de un mayor número de megaproyectos puede traducirse en una creciente carga para el Comité de Ministros. Mantener ese ritmo de sesiones “tampoco está asegurado, considerando que la ley de reconstrucción establece que el comité debe sesionar, al menos, 10 veces al año”.
Y aun cuando un proyecto supera la instancia administrativa y obtiene una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que mantiene su aprobación, el proceso puede continuar en tribunales.
En este sentido, LyD plantea que una evaluación ambiental expedita y eficiente requiere más que la voluntad de una administración determinada. Según el centro de estudios, la implementación de la Ley de Reconstrucción, el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental y una eventual reforma a los Tribunales Ambientales “son esenciales para concretar las iniciativas de inversión”.
SEA destaca avance de aprobaciones
Desde el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), su director ejecutivo, Arturo Farías, defendió el estándar técnico de los procesos como una herramienta para entregar mayor certeza a los titulares de proyectos.
Consultado por DF sobre el hecho de que el récord de aprobaciones no necesariamente se traduzca en mayor certeza para las inversiones, Farías señaló que el trabajo del organismo consiste en evaluar proyectos con un alto nivel técnico y verificar el cumplimiento de la normativa ambiental. “La robustez técnica de nuestros procesos de evaluación es la principal forma de dar certeza jurídica frente a posibles reclamaciones”, afirmó.
El director ejecutivo adelantó, además, que al cierre del tercer trimestre la inversión aprobada ya superaba los US$43.000 millones.