El acuerdo entre el Consejo y el Parlamento Europeo no ha gustado para nada y ha encendido un debate acerca de la protección de los productores y agricultores comunitarios y la confianza de los consumidores en el etiquetado ecológico.
Producir bajo las exigencias de la agricultura ecológica europea cuesta dinero, exige controles y obliga a los agricultores y ganaderos a asumir inversiones que no siempre encuentran recompensa en el mercado. Y claro, si eres un agricultor y ves cómo Bruselas permite que productos procedentes de terceros países puedan utilizar también el logotipo ecológico europeo, pues eso no es un buen trago.
Una decisión que ha provocado el rechazo de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), que considera que se está poniendo en riesgo el valor de un distintivo construido durante años por los productores comunitarios.
Un acuerdo que no ha gustado para nada a los agricultores
La organización agraria ha valorado el acuerdo alcanzado entre el Consejo y el Parlamento Europeo para cambiar la legislación acerca de la producción, certificación y etiquetado ecológico, pero a su juicio no es suficiente. Su principal preocupación es que el sello europeo pueda acabar identificando producciones de países extracomunitarios, pese a que sus agricultores operan en condiciones económicas, laborales y productivas diferentes.
Para COAG, el problema vaya más allá de las etiquetas ecológicas y se refiere más a la competitividad de miles de explotaciones europeas que han invertido recursos para adaptarse a un modelo de producción exigente y diferenciar sus productos en el mercado.
El sello ecológico europeo, en el centro de la polémica
La organización advierte de que permitir el uso del mismo logotipo a producciones de terceros países puede generar una competencia desigual y favorecer estrategias empresariales basadas en la deslocalización. Es decir, que determinados operadores decidan trasladar sus producciones fuera de Europa para reducir costes y maximizar beneficios, pero continúen aprovechándose del reconocimiento comercial del distintivo ecológico comunitario.
COAG señala especialmente a los fondos de inversión y operadores especulativos que podrían encontrar en este escenario una oportunidad para reorganizar sus negocios en función de los costes de producción, sin que el consumidor perciba necesariamente diferencias al identificar el producto en el supermercado.
La cuestión plantea un debate incómodo para la política agraria europea: ¿puede exigirse a los productores comunitarios que asuman determinados costes y controles mientras se permite que mercancías de otros países compartan el mismo distintivo comercial?
La organización reclama garantías para evitar que el esfuerzo de los agricultores y ganaderos europeos termine convertido en una ventaja para otros operadores.
Más ayudas y productos ecológicos en los comedores escolares
La cuestión plantea un debate incómodo para la política agraria europea: ¿puede exigirse a los productores comunitarios que asuman determinados costes y controles mientras se permite que mercancías de otros países compartan el mismo distintivo comercial?
La protesta llega, además, en un momento político clave. Ante las elecciones generales que se celebrarán en unos días, la entidad quiere que el ejecutivo que salga de las urnas tome medidas concretas a la hora de impulsar la producción ecológica y proteger a quienes trabajan en este sector.
Entre sus reivindicaciones figuran más ayudas directas para los productores, campañas de promoción del consumo ecológico y un mayor protagonismo de estos alimentos en la compra pública, especialmente en los comedores escolares.
La organización considera que no basta con reconocer las ventajas ambientales de este modelo productivo si después no se facilita su comercialización ni se garantiza una rentabilidad suficiente para las explotaciones.
«El mensaje al próximo Ejecutivo es claro: proteger la producción ecológica no puede quedarse en discursos sobre sostenibilidad. Hace falta respaldo económico, demanda y reglas de competencia que eviten penalizar a quienes producen bajo las exigencias europeas», señalan.
El debate va más allá de un logotipo. Afecta a la confianza del consumidor, al futuro del campo europeo y al modelo de alimentación que se quiere impulsar. Porque si el sello ecológico pierde su capacidad para diferenciar y reconocer el esfuerzo de los productores, ¿qué incentivo tendrán los agricultores para seguir asumiendo los costes de producir de forma más exigente?

