Aunque cuentan con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA), numerosos proyectos siguen sin comenzar su construcción. Según un análisis del Observatorio Económico de Permisos (OEP, las trabas en los permisos sectoriales y la eventual judicialización de las autorizaciones dificultan la materialización de inversiones, afectando el empleo.
La obtención de una aprobación ambiental no garantiza que un proyecto de inversión pueda comenzar a construirse en el corto plazo. Una vez conseguida su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), las iniciativas deben superar nuevas etapas administrativas, permisos sectoriales y eventuales procesos de judicialización que pueden retrasar el inicio de las obras por más de un año.
Así lo recoge una reciente nota del El Mercurio, que explica que de acuerdo con un análisis del Observatorio Económico de Permisos OEP (elaborado sobre la base de información del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, SEIA, y la Superintendencia del Medio Ambiente, SMA), los proyectos tramitados mediante una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) tardaron, en promedio, 498 días en comenzar su construcción durante el tercer trimestre de 2026, pese a contar previamente con su aprobación ambiental.
En el caso de las iniciativas de mayor envergadura, que requieren un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), las demoras han sido incluso más pronunciadas. Durante el tercer trimestre de 2024, el plazo promedio entre la aprobación ambiental y el inicio de obras llegó a 1.735 días, equivalentes a cerca de cuatro años y nueve meses. Aunque desde entonces los tiempos han mostrado una tendencia descendente, en el segundo trimestre de 2026 todavía alcanzaban los 318 días.
La demora tiene consecuencias directas sobre la actividad económica y el mercado laboral. Según los antecedentes analizados por el OEP y publicados por El Mercurio, los proyectos que ya cuentan con una RCA, pero que aún no han podido comenzar su construcción, representan alrededor de 120 mil puestos de trabajo pendientes de concretarse.
Inversión aprobada e impacto económico
En lo que va de 2026, han ingresado a evaluación ambiental proyectos por US$45.852 millones, cifra levemente superior a la registrada en igual periodo del año anterior, de acuerdo con el análisis del OEP sobre datos del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), reseñado por El Mercurio.
Durante los últimos dos trimestres, además, los montos de inversión calificados en el SEIA han alcanzado niveles históricos, situándose entre US$16.000 millones y US$19.000 millones por trimestre. A ello se suma el destrabe de iniciativas por aproximadamente US$17.000 millones en el Comité de Ministros.
Sin embargo, los especialistas entrevistados advierten que el aumento de las aprobaciones no necesariamente se traducirá en un impulso inmediato para la economía. Jorge Valverde, fundador del Observatorio Económico de Permisos, señala que si bien los tiempos entre la aprobación ambiental y el inicio de obras han disminuido, todavía es prematuro atribuir este comportamiento a cambios recientes en la gestión pública. “El segundo trimestre del 2026 es el (tiempo) mínimo, y ahora sube marginalmente. Eso podría ser una buena noticia, pero es una tendencia que viene cayendo fuerte hace rato”, plantea.
Una visión similar tiene José Antonio Valenzuela, director ejecutivo de Pivotes, quien considera que el impacto económico de los proyectos ingresados durante la actual administración podría tardar en manifestarse. “Es probable que se vean los primeros brotes verdes, pero es difícil pensar que podamos ver en 2027 un impacto asociado a los proyectos ingresados durante esta administración, que son muchos y por montos muy altos. Por otra parte, los niveles de inversión aprobada en el SEIA aumentaron fuertemente en 2025, y eso sí puede empezar a sentirse”, sostiene.
Obstáculos
Uno de los principales obstáculos identificados por los expertos se encuentra en la etapa posterior a la evaluación ambiental, cuando las empresas deben obtener distintas autorizaciones sectoriales para iniciar la ejecución de sus inversiones.
Marcela Klein, exjefa de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables del Ministerio de Economía, advierte en la nota de El Mercurio que estos procedimientos representan una de las principales fuentes de retraso. “Los permisos sectoriales son, en la realidad concreta, aquellos que más contribuyen a demorar la implementación de un proyecto de inversión. Si bien la obtención de una Resolución de Calificación Ambiental es un hito relevante dadas sus complejidades inherentes, transitar por el sistema de permisos sectoriales es demoroso, engorroso, inorgánico e ineficiente”.
Frente a este escenario, los especialistas coinciden en la importancia de avanzar en la implementación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (LMAS), aprobada durante el gobierno anterior, que busca reducir los tiempos de tramitación y entregar mayor certeza a los titulares de proyectos.
Para Valverde, acelerar esta implementación podría marcar una diferencia en la materialización de nuevas inversiones. “La implementación todavía está en pañales, entonces no veo cambios significativos, a menos que se apuren y entren en vigencia rápido un par de decretos (…)”, señala.
En tanto, Valenzuela sostiene que “la completa implementación de la ley va a ser central para acotar plazos de permisos sectoriales que están en la ruta crítica de la gran inversión minera, energética o en infraestructura”.