La Comisión de Medio Ambiente del Senado aprobó la iniciativa en medio de críticas por indicaciones a última hora y el debilitamiento de estándares ecológicos que implicaría su puesta en marcha.
La Comisión de Medio Ambiente del Senado aprobó este miércoles 8 de julio los artículos ambientales del Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional, el cual ha generado especial debate por su tramitación acelerada y alerta por parte de organizaciones ambientales quienes advierten que la norma podría debilitar los estándares ecológicos y la justicia ambiental.
Desde la organización ambiental, Greenpeace Chile, enfatizaron que bajo el argumento de agilizar los permisos se votaron cambios que debilitarían controles ambientales, limitarían la revisión de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y abrirían vías excepcionales para la salmonicultura, incluidos traslados de concesiones desde parques nacionales a otras áreas protegidas sin evidencia científica, entre otros aspectos.
La abogada de Greenpeace, Roxana Núñez, afirmó que la discusión no contó con el tiempo necesario para un análisis técnico y jurídico debido a indicaciones ingresadas a última hora por el Gobierno. Esto provocó que tres senadores abandonaran la sala ante la negativa de abrir un espacio de diálogo.
“Así, bajo una presión impropia para la relevancia de estas decisiones, los senadores debieron resolver en tiempo récord asuntos que tendrán efectos permanentes sobre el patrimonio ambiental del país, las comunidades y las economías locales”, señaló.
Lo aprobado
En la reciente sesión de la Comisión de Medio Ambiente del Senado se aprobaron diversas indicaciones, entre ellas la posibilidad de que empresas privadas soliciten una indemnización al Estado si un tribunal revoca una Resolución de Calificación Ambiental (RCA).
Además, se estableció que las relocalizaciones de concesiones acuícolas deberán ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) e incluir un plan de abandono y cierre, incorporándose también el concepto de microrelocalizaciones para traslados de hasta 350 metros respecto de la ubicación original, de acuerdo a lo informado por el Senado.
Asimismo, se eliminó la exigencia de que los titulares de concesiones acuícolas cuenten con tecnología para monitorear parámetros ambientales en las áreas donde operan y se creó un régimen especial, de adhesión voluntaria, para la tramitación y evaluación de proyectos que ingresen al SEIA, entre otras materias.
“Resulta especialmente preocupante la insistencia del Ejecutivo en incorporar la denominada “indemnización por falta de servicio” . La propuesta parte de la premisa de que toda nulidad ambiental constituye un “error del Estado”, trasladando la determinación de las compensaciones a un tribunal arbitral. Esta lógica no sólo desincentiva el control judicial de actos ilegales, sino que además instala un precedente que privilegia la certeza económica de las empresas por sobre la correcta aplicación de la legislación ambiental, y podría permitir que proyectos de menor calidad o derechamente malos sean aprobados y, posteriormente, pagados por todos los chilenos. Es por esto que parlamentarios de oposición ya anunciaron que acudirían al Tribunal Constitucional para revisar esta normativa.”, destacó la abogada de Greenpeace.
“Desde Greenpeace hacemos un llamado a la ciudadanía a informarse sobre el alcance de esta reforma y a exigir a sus representantes un debate serio, transparente y basado en evidencia. Chile necesita una legislación que entregue certezas para el desarrollo, pero también garantías para las comunidades, la protección de los ecosistemas y un crecimiento económico sostenible en el mediano y largo plazo”, finalizó Roxana Núñez.
Tras esta etapa en la Comisión de Medio Ambiente, el proyecto ahora será discutido en la Comisión de Hacienda. Posteriormente, la propuesta será votada por la Sala del Senado durante la tarde del miércoles 15 de julio.
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