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La directora ejecutiva de MYMA planteó que Chile debe avanzar hacia procedimientos con plazos predecibles y criterios técnicos claros, sin rebajar los estándares ambientales ni restringir los derechos de reclamación.
La judicialización ambiental se ha convertido en un factor de incertidumbre para la materialización de proyectos de inversión en Chile, incluso después de obtener una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable. Así lo plantea Juanita Galaz, directora ejecutiva de MYMA, en una columna de opinión publicada en Portal Minero, donde analiza los efectos de la prolongación de los procesos administrativos y judiciales sobre sectores como la minería, la energía y la infraestructura.
En su análisis, la especialista sostiene que la aprobación ambiental no garantiza que una iniciativa pueda ejecutarse dentro de plazos previsibles, debido a la posibilidad de enfrentar reclamaciones administrativas, procedimientos ante los Tribunales Ambientales y recursos de casación ante la Corte Suprema. “La obtención de una resolución de calificación ambiental (RCA) favorable no entrega la certeza de que un proyecto podrá efectivamente materializarse”, señala Galaz.
La columna cita el monitoreo de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), según el cual, durante el primer semestre de 2026, los Tribunales Ambientales declararon admisibles 32 reclamaciones. Con ello, el número de causas en tramitación llegó a 67, vinculadas a 59 proyectos de inversión que representan, en conjunto, US$10.655 millones.
Para la directora ejecutiva de MYMA, el desafío no radica en la existencia de mecanismos de revisión judicial, que cumplen una función de control de legalidad y protección de derechos, sino en los efectos que pueden generar los tiempos prolongados de resolución.
Incertidumbre y efectos sobre la inversión minera
Galaz advierte que la extensión de los litigios puede incrementar la percepción de riesgo, dificultar la planificación financiera y retrasar la ejecución de iniciativas de largo plazo. Asimismo, puede influir en las decisiones estratégicas de las empresas respecto de dónde invertir sus recursos.
Estos efectos adquieren especial relevancia para la minería, una actividad caracterizada por proyectos de gran escala, alta complejidad técnica y ambiental, múltiples autorizaciones sectoriales y una estrecha relación con los territorios y las comunidades.
La incertidumbre también repercute en la programación de obras, la contratación de servicios y la coordinación de los permisos necesarios para desarrollar las iniciativas. A escala regional, la postergación de inversiones puede traducirse en empleos que no se generan, proveedores que no son contratados y compromisos de inversión social y ambiental que demoran en concretarse.
“Para quienes deben decidir una inversión de largo plazo, el tiempo importa tanto como la calidad de la resolución”, afirma la especialista.
Competitividad y oportunidades para Chile
La directora ejecutiva de MYMA también vincula esta problemática con las oportunidades que enfrenta el país en el contexto de la transición energética global, que ha incrementado la relevancia estratégica de minerales como el cobre y el litio.
Según plantea, Chile cuenta con ventajas en estos recursos, pero podría perder oportunidades de inversión frente a otras jurisdicciones que mantienen exigencias ambientales rigurosas y ofrecen mayor previsibilidad respecto de los plazos para desarrollar proyectos.
En este escenario, la certeza jurídica adquiere importancia para la competitividad del sector minero y para la capacidad del país de atraer capitales destinados a iniciativas de largo plazo.
Galaz precisa que avanzar en esta materia no significa impedir la revisión de las decisiones administrativas ni limitar el derecho de las comunidades y organizaciones a recurrir a los mecanismos establecidos por la ley. El objetivo, sostiene, debe ser contar con reglas claras, procedimientos conocidos y tiempos razonablemente predecibles para alcanzar decisiones definitivas.
Propuestas para reducir los tiempos de tramitación
Entre las medidas que propone la especialista se encuentra mejorar los tiempos de respuesta en las distintas etapas de evaluación y resolución, junto con aumentar la claridad y consistencia de los criterios normativos y metodológicos, especialmente en aquellas materias sujetas a interpretación.
También plantea consolidar estándares técnicos razonables y actualizados, considerando las diferencias ambientales y territoriales entre proyectos y regiones.
Otro aspecto relevante es fortalecer la coordinación entre los servicios públicos para evitar duplicidades de exigencias y desajustes entre los distintos permisos sectoriales. A juicio de Galaz, estas situaciones pueden aumentar innecesariamente los plazos y la complejidad de los procedimientos sin traducirse necesariamente en una mejor protección ambiental.
La participación temprana de las comunidades y la gestión anticipada de controversias constituyen otro eje de su propuesta. La identificación oportuna de desacuerdos y la búsqueda transparente de soluciones, sostiene, pueden contribuir a evitar que las diferencias deriven en conflictos prolongados.
Asimismo, plantea revisar la fundamentación de los recursos y fortalecer los filtros de admisibilidad, sin debilitar las garantías procesales ni el control legítimo de las decisiones administrativas. La finalidad sería evaluar tempranamente el mérito de las reclamaciones y establecer plazos razonables para alcanzar resoluciones consolidadas.
En su conclusión, Galaz enfatiza que el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental debe ir acompañado de mayor previsibilidad en la resolución de los procesos.
“Si bien Chile tiene una institucionalidad ambiental madura, además de ser capaz de fiscalizar eficazmente, garantizar participación y derechos, también debe entregar decisiones oportunas y previsibles, de manera que la protección ambiental no se convierta en sinónimo de incertidumbre permanente”, concluye.