El Centro de Estudios del Cobre y la Minería estima que un año de dilación en una cartera minera de más de US$46.000 millones podría representar hasta US$16.560 millones de inversión y actividad económica que dejan de generarse durante ese periodo.
En un contexto marcado por diversas iniciativas por reactivar las inversiones y el crecimiento económico en Chile, especialistas y gremios han empezado a levantar alertas sobre un problema al alza. Consiste en la judicialización de proyectos que ya cuentan con una decisión de favorable de la autoridad (Resolución de Calificación Ambiental, RCA) y que pueden quedar sometidas a nuevos periodos de incertidumbre antes de iniciar su construcción o avanzar en su ejecución.
Las cifras muestran una creciente presión sobre el sistema. Durante el primer semestre de 2026, los Tribunales Ambientales registraron un récord 32 reclamaciones declaradas admisibles. Actualmente mantienen 67 causas en tramitación, vinculadas a 59 proyectos de inversión por US$10.655 millones, según el monitoreo de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC). A ello se suma un análisis de Sofofa que estima que los proyectos permanecen, en promedio, cerca de un año y medio en los Tribunales Ambientales. Desde 2013 se han identificado 244 proyectos judicializados, equivalentes a aproximadamente 2,5% de las iniciativas ingresadas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental durante ese período.
Así, el desafío para los proyectos no estaría únicamente en obtener una Resolución de Calificación Ambiental (RCA), sino también en cuánto tiempo transcurre hasta que esa decisión alcanza un nivel suficiente de estabilidad para permitir que la inversión avance.
El impacto para la inversión minera
El fenómeno adquiere especial relevancia para la minería en un escenario marcado por elevados precios del cobre y por las importantes inversiones que Chile espera desarrollar durante los próximos años. En una entrevista con El Periodista, Cristián Cifuentes, Líder Senior de Estudios y Contenidos del Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cesco), planteó que parte importante de la discusión debe trasladarse hacia lo que ocurre una vez terminada la evaluación ambiental.
“El principal cuello de botella no se encuentra en la fase de evaluación técnica ante el Servicio de Evaluación Ambiental, sino en las impugnaciones judiciales que surgen tras la obtención de la RCA”, analizó.
Para dimensionar el impacto potencial, Cesco analizó una cartera minera de algo más de US$46.000 millones, correspondiente a proyectos con RCA aprobada o en proceso de calificación y que se proyectan desarrollar durante los próximos cinco años. La cifra no corresponde a proyectos actualmente judicializados. Se trata del universo de inversión utilizado por Cesco para estimar cuánto podría estar en juego si la incertidumbre regulatoria y eventuales procesos posteriores retrasan la materialización de esta cartera.
De acuerdo con Cifuentes, los proyectos considerados representan una capacidad productiva asociada de entre 1,9 y 2,6 millones de toneladas anuales de cobre. Esta cifra corresponde a producción potencial que podría incorporarse a la capacidad minera del país si las iniciativas avanzan según los plazos previstos.
Los más de US$46.000 millones considerados para los próximos cinco años implican un ritmo promedio de ejecución cercano a US$9.200 millones anuales. Según el cálculo de Cesco, esa inversión generaría además unos US$7.360 millones de actividad indirecta en el resto de la economía. Por esta razón, un año de retraso de esa cartera podría traducirse en alrededor de US$16.560 millones de inversión directa y actividad económica asociada que no se generan durante ese periodo.
“Con un poco más de US$46.000 millones ya evaluados ambientalmente en juego, el costo de la incerteza deja de ser hipótesis para volverse una magnitud medible”, sostuvo Cifuentes.
Riesgo para aprovechar el ciclo del cobre
Para Cifuentes, el problema no se limita al retraso de las inversiones. Las demoras también pueden afectar la capacidad de Chile para aprovechar períodos particularmente favorables del mercado. Una producción que se posterga puede terminar materializándose en un momento en que las condiciones de precio sean diferentes. A esto se suma el eventual retraso de los ingresos fiscales asociados a períodos de altos precios del cobre.
La incertidumbre también tendría efectos sobre las decisiones de las propias compañías mineras. En este escenario, los recursos tienden a concentrarse en proyectos brownfield, como ampliaciones, reposiciones o desarrollos asociados a operaciones existentes, donde ya existe parte importante de la infraestructura y de las condiciones necesarias para invertir.
Los proyectos greenfield, en cambio, requieren desarrollar nuevas operaciones desde cero y enfrentan mayores niveles de incertidumbre, lo que dificulta su avance.
Certeza sin reducir estándares ambientales
Para Cesco, abordar la judicialización no significa simplemente acelerar el funcionamiento de los tribunales ni restringir las posibilidades de reclamación. Cifuentes identificó problemas previos, entre ellos la dispersión de las instancias de impugnación y la falta de definiciones suficientemente claras y tempranas sobre materias que posteriormente pueden convertirse en focos de controversia, entre ellas determinadas exigencias ambientales o procesos de consulta indígena.
Cuando estas materias no quedan resueltas de manera sólida en las etapas correspondientes, plantea, los conflictos pueden terminar trasladándose hacia instancias administrativas o judiciales.
Otro elemento relevante es la participación temprana de las comunidades. “Sin participación con incidencia real ni distribución visible de beneficios, el tribunal es el único espacio donde la comunidad tiene poder efectivo”, dijo.
Desde esta perspectiva, reducir la judicialización no implica disminuir los estándares ambientales. El objetivo sería contar con decisiones administrativas más claras y técnicamente robustas, capaces de resistir posteriormente el escrutinio de los tribunales. “Un estándar exigente pero definido ex ante es más rápido y más protector que uno difuso resuelto ex post en tribunales”, concluyó.