España afronta un embargo millonario por las renovables: la justicia norteamericana acaba de dar luz verde al embargo de los bienes soberanos españoles para saldar las compensaciones pendientes del sector energético. Madrid sufrió un revés directo al intentar frenar esta medida cautelar en Norteamérica.
Esta determinación judicial obliga al Estado a afrontar pagos multimillonarios tras las modificaciones aplicadas al sistema de las primas verdes. La resolución invalida las excusas regulatorias presentadas por los representantes de la administración pública.
El origen del conflicto financiero radica en los recortes aplicados entre 2012 y 2014 a las primas de la tecnología solar. Dichas alteraciones normativas provocaron una ola de arbitrajes internacionales por violar los compromisos iniciales.
España afronta un embargo millonario por las renovables: las consecuencias de las malas decisiones
El Tribunal de Distrito de Estados Unidos (EE.UU) para Columbia ha rechazado la petición de España de paralizar la ejecución de una sentencia que reconoce a los inversores 135,7 millones de euros (156,6 millones de dólares) por las indemnizaciones de las renovables y autoriza a los acreedores del Caso Antin a avanzar con el embargo.
Fuentes cercanas a los fondos acreedores afirman que esta resolución supone un nuevo golpe a la estrategia seguida por el Gobierno de España para evitar el pago de los laudos internacionales derivados del recorte retroactivo de las primas a las energías renovables.
Estas fuentes explican que el Gobierno había alegado ante el tribunal norteamericano que tanto el pago de la sentencia como la constitución de una garantía para suspender su ejecución podrían infringir el Derecho comunitario y exponer a España a posibles sanciones de Bruselas, un planteamiento que ha sido rechazado por la justicia de EE.UU, dicen los acreedores.
Asimismo, el auto apunta además que España tampoco ha acreditado haber solicitado recientemente autorización a Bruselas para pagar la sentencia o constituir dicha garantía.
De hecho, la insistencia de España en que el Derecho europeo le impide pagar podría ser un indicio de que existe una probabilidad razonable de que España no pueda o no quiera satisfacer la sentencia, según concluye el Tribunal.
El caso Antin: millones de euros en deuda para España
El Caso Antin tiene su origen en las inversiones realizadas por Infrastructure Services Luxembourg y Energia Termosolar en proyectos solares españoles bajo el marco de incentivos aprobado por España. Tras los cambios regulatorios posteriores, los inversores recurrieron al arbitraje internacional alegando una vulneración del Tratado de la Carta de la Energía y un tribunal del CIADI falló a su favor en 2018 y fijó la indemnización en 101 millones de euros más intereses.
Aun así, la Comisión Europea (CE) rechazó que España desembolsase los 101 millones de euros a la firma luxemburguesa Antin al considerar que sería una ayuda de Estado ilegal, una decisión tras la cual, la vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, confiaba en que cualquier posible recurso no tuviese ningún tipo de recorrido en la Justicia europea, dijo en marzo de 2025 en una entrevista con EFE.
La resolución del Tribunal de Distrito de EE.UU para el Distrito de Columbia permite a los demandantes incautar activos soberanos susceptibles de embargo para satisfacer dicha deuda, además de poder registrar la sentencia en cualquier otro distrito judicial del país, una herramienta especialmente importante para perseguir activos españoles fuera de Washington.
¿España paga o no paga?
El origen de estos litigios está en las primas solares y eólicas que en su día ofreció el Gobierno español para incentivar las inversiones en instalaciones energéticas verdes y que, con la crisis económica de 2008 y el déficit de tarifa eléctrico, el Gobierno recortó y eliminó de forma retroactiva entre 2012 y 2014.
España afronta un embargo millonario por las renovables y se ha negado a pagar basándose en criterios de la Unión Europea que consideran que aquellas indemnizaciones incumplían las reglas comunitarias. A pesar del intento de frenar las reclamaciones usando la normativa comunitaria europea, Washington autoriza rastrear activos nacionales. El país afronta ahora la posibilidad real de perder patrimonio público repartido por distintos territorios internacionales.
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