El embalse de As Conchas, construido en 1949 para la generación de energía hidroeléctrica, ha sido durante años un lugar de recreo para la comunidad. Sin embargo, la proliferación incontrolada de macrogranjas en A Limia ha convertido la zona en un foco de contaminación.
Desde hace más de dos décadas, los habitantes de As Conchas —un pequeño pueblo de la comarca orensana de A Limia— conviven con el hedor de los purines y la contaminación de las aguas debido a la proliferación de explotaciones ganaderas intensivas.
Ante la inacción de las autoridades y el progresivo deterioro de su entorno, los vecinos han decidido llevar a la Xunta de Galicia y a otros organismos públicos ante los tribunales, por lo que consideran una vulneración de sus derechos fundamentales. La denuncia ha sido presentada ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que será el encargado de valorar la responsabilidad de la administración.
La contaminación en As Conchas es insoportable
Un grupo de nueve demandantes, incluyendo personas y organizaciones, entre las que se encuentra la Federación de Consumidores y Usuarios CECU, con el apoyo de Amigas de la Tierra y ClientEarth, ha llevado a las autoridades gallegas ante la justicia por permitir durante décadas la contaminación del embalse As Conchas (Ourense). La contaminación se debe a la cría intensiva de ganado porcino y aviar, ante la inactividad de las autoridades, y denuncian que esta actividad ha hecho “inviable” la vida en su comunidad.
Este caso judicial marca un precedente en Europa, ya que por primera vez un tribunal evaluará el impacto de la ganadería industrial en los recursos hídricos, desde una perspectiva de derechos fundamentales.
En la zona de A Limia, en Galicia, operan cientos de explotaciones ganaderas intensivas debido a las autorizaciones que la Xunta ha otorgado de forma permisiva, pese a que la legislación estatal y la europea obligan a las administraciones a garantizar la protección de la salud y el bienestar de la ciudadanía. Las y los demandantes denuncian que este principio debería ser determinante al evaluar la viabilidad de permitir o no explotaciones agrícolas y ganaderas industriales.
Sin embargo, y según relatan, las condiciones de vida en la zona se han deteriorado gravemente: la población se expone a graves riesgos para su salud y teme beber agua de los pozos, mientras que el hedor no permite ni tan siquiera abrir las ventanas. En determinados casos las aguas de abastecimiento municipal también están contaminadas.
Tras solicitar reiteradamente al gobierno autonómico y a las autoridades que actúen frente a la contaminación que afecta a la zona y no obtener respuesta, las personas residentes en la localidad de As Conchas, colindante con el embalse del mismo nombre, han decidido llevar el caso al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Las personas demandantes acusan a los organismos responsables de infringir la legislación estatal y europea por no tomar medidas para proteger la salud y el bienestar de la comunidad.
Declaraciones
Pablo Álvarez Veloso, presidente de la asociación de vecinos local y demandante en el caso, ha declarado:
«Como a muchos de los que vivimos en As Conchas, me da miedo beber agua de nuestros pozos debido a la contaminación. Estamos tan preocupados por la situación, que incluso la idea de caminar cerca del embalse resulta impensable.
«No obstante, en lugar de alertar a nuestra comunidad del verdadero nivel de contaminación de la zona, las autoridades locales argumentan que el agua está en «buen estado». Todos los años nos dicen que los niños pueden bañarse y jugar en el embalse sin que haya ninguna señal que advierta de la toxicidad del agua”.
«Hemos hablado muchas veces de estas cuestiones con los gobiernos autonómico y local directamente, pero tenemos la sensación de que no nos escuchan. Así que hemos decidido tomar cartas en el asunto y acudir a los tribunales para proteger nuestra comunidad”.
El nivel de nitratos registrado en el embalse es extremadamente elevado, lo que supone un factor de riesgo de distintos tipos de cáncer, entre los que se incluyen el cáncer de tiroides, mama, ovarios, estómago, páncreas y vejiga. Su presencia también se ha asociado con el linfoma no Hodgkin (LNH) y la metahemoglobinemia, enfermedad que se origina en la sangre y que puede ser mortal.
Además de los nitratos, los estudios de los que disponen revelan la presencia de bacterias resistentes a los antibióticos en el embalse, conocidas por provocar enfermedades complicadas de tratar (o imposibles en algunos casos). La Organización Mundial de la Salud ha advertido de que estos tipos de superbacterias resistentes a los antibióticos se encuentran entre las diez principales amenazas para la humanidad.
El intenso hedor procedente de estas explotaciones intensivas viene provocado, según la demanda, por unas finas partículas en el aire que pueden causar problemas respiratorios y asma, especialmente a los más vulnerables, niños y personas mayores.
Mercedes Álvarez de León, demandante en el caso y empresaria local, ha declarado:
«Me mudé a As Conchas hace casi cuarenta años. Aquí he formado una familia y he abierto mi negocio, que está junto al embalse local. También he visto cómo la zona ha cambiado a peor. En los meses más calurosos del año, incluso nos da miedo abrir las ventanas para refrescar la casa, porque es cuando el hedor del embalse se vuelve más insoportable”.
«Durante el verano, los dolores de cabeza que tengo desde 2012 empeoran y se vuelven más frecuentes. He ido al médico una y otra vez para ver cuál es la causa, pero no han encontrado una explicación. Yo creo que se debe a esta contaminación. Cada vez va a más, hay días en los que ni siquiera salgo de casa».
Incluso con estos riesgos para la salud pública bien documentados en la demanda y los problemas a los que se enfrentan los residentes de As Conchas a diario, el gobierno y las autoridades continúan permitiendo que estas explotaciones industriales sigan funcionando como hasta ahora.
Las y los demandantes afirman que se siguen concediendo permisos a nuevas explotaciones ganaderas, a pesar de las obligaciones que tienen las autoridades, según la Constitución española, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la legislación medioambiental de ámbito estatal y europeo.
Nieves Noval, abogada de ClientEarth, una de las ONG que apoya el caso, ha declarado:
«Tanto la Constitución española como la legislación europea son inequívocas en su mandato: las autoridades tienen la obligación legal de proteger a la ciudadanía”.
«Creemos que las autoridades han fallado a las personas residentes de la región de A Limia y de As Conchas. A pesar de ser plenamente conscientes del impacto real que la ganadería industrial ejerce sobre la zona, continúan autorizando estas explotaciones de manera permisiva y reiterada”.
«Esta situación, que es contraria a derecho, ha llevado a las y los demandantes a una situación insostenible, enfrentándose a diario a la contaminación descontrolada, que pone en riesgo su salud, así como en determinados casos el agua de sus propios pozos, el aire que respiran y el suelo en que cultivan sus alimentos”.
«Familias que llevan varias generaciones en As Conchas han visto cómo su hogar se ha convertido en un vertedero. Esto no puede continuar así. Estamos orgullosos de apoyar a esta comunidad y les proporcionaremos toda la asistencia posible para ayudarles a que se haga justicia ante los tribunales.»
Blanca Ruibal, representante de Amigas de la Tierra, organización que apoya el caso, ha declarado:
“La situación a la que ha llegado la comarca de A Limia es inaceptable. No se puede permitir que una comunidad entera esté sufriendo las consecuencias de la contaminación por ganadería industrial debido a la falta de control de las administraciones, con graves problemas para su salud y con la imposibilidad de hacer una vida normal. El embalse debería ser una zona de disfrute para las personas que habitan el entorno, pero se ha convertido en un estercolero”.
“Este modelo de ganadería conlleva perjuicios para las personas y el entorno y las autoridades tienen la responsabilidad de proteger los derechos fundamentales de la población. Para ello es urgente que se establezca un plan de reducción de la ganadería industrial y apostar por la ganadería extensiva, la agroecología y modelos de producción de alimentos que respeten los límites de los ecosistemas y contribuyan a frenar la despoblación y mantener un mundo rural vivo».
“Para nosotras es vital acompañar y apoyar a las personas demandantes en este proceso y haremos lo que esté en nuestra mano para defenderlas ante esta situación de injusticia. A su vez, esperamos que se siente un precedente y que más personas puedan sumarse a demandas de este tipo para que se exija respeto de una vez por todas a los derechos fundamentales de las comunidades».
David Sánchez, director de CECU, ha declarado:
«Consideramos inadmisible esta situación que ha llevado a impedir que la población de la zona pueda consumir con tranquilidad el agua que sale de sus grifos. Exigimos a las administraciones competentes que actúen para ponerle solución, puesto que no es aceptable que las vecinas y vecinos tengan que abastecerse por medio de camiones cisterna o agua embotellada, con el evidente trastorno y limitación de las actividades más cotidianas que eso supone.
Estas administraciones no pueden alegar el desconocimiento de la situación. Es responsabilidad de la administración garantizar que las actividades de la industria ganadera respeten el medio ambiente y no comprometan el abastecimiento de agua en pozos o la red municipal».