La medida tomada a raíz del incumplimiento que data del año 2020, fue informada por la entidad fiscalizadora en el marco de la segunda reunión de la mesa intersectorial.
Un nuevo capítulo se escribe en torno al conflicto minero que enfrenta la Sociedad Pacífico del Sur en la zona de Alto Mañihuales, en la Región de Aysén, con el anuncio de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), sobre dar inicio al proceso sancionatorio por no cumplir el Requerimiento de Ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
La medida se dio a conocer en la segunda reunión de la mesa intersectorial, convocada por vecinos del sector y organizaciones socioambientales para abordar la contaminación minera que afecta a la zona.
La petición data del 7 de mayo de 2020, donde la superintendencia le ordenó a la empresa ingresar el proyecto “Crecimiento del Tranque de Relaves Confluencia” al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, bajo apercibimiento de sanción, considerando que el depósito de relaves duplica la capacidad autorizada.
La decisión fue celebrada con cautela por vecinas, vecinos y representantes de las organizaciones convocantes a esta mesa, entre ellas, la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén (Codesa), Red de Protección y Defensa del Territorio Patagonia, y ONG Ecosistemas y FIMA.
El presidente de Codesa, Erwin Sandoval Gallardo, destacó la importancia de esta acción por parte de la superintendencia e instó a que exista una mayor celeridad en el actuar de las autoridades regionales.
“Nos parece ciertamente muy necesario y urgente, que la SMA ejerza sus atribuciones y requiera, en este caso forzadamente, a Minera Pacífico del Sur el cumplimiento de la resolución que en 2020 le requirió el ingreso de este proyecto, aunque tardó cinco años desde que fuera exigida por esta autoridad fiscalizadora”, expresó.
La reunión contó con la participación de diversas autoridades y sus equipos, entre ellas, el jefe de la Oficina Regional de la SMA, Oscar Leal, la directora regional de Sernageomin, Andrea Aguilar, el director regional del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Julio Cerda, junto a los Seremis de Salud Aysén, Silvia Delfín, Medio Ambiente y Minería (s), Yoal Díaz y de Gobierno, Úrsula Mix, entre otros.
Nuevos acuerdos
Parte de los compromisos adquiridos por las autoridades en esta nueva etapa del conflicto, que serán seguidas paso a paso por las y los asistentes a esta segunda cita fueron: continuar con el muestreo y monitoreo de las fuentes de agua para consumo humano en la zona de influencia de la minera en Alto Mañihuales, por parte de la Seremi de Salud.
Asimismo, implementar un buzón en el Cecof de Villa Mañihuales para recopilar casos de vecinos, ex trabajadores mineros, con antecedentes de silicosis u otras enfermedades profesionales, con el objeto de canalizar los antecedentes al Servicio de Salud Aysén.
En la instancia los vecinos enfatizaron que continúa pendiente la destinación de recursos para un nuevo estudio epidemiológico para las y los vecinos de Alto Mañihuales.
Por otra parte, desde la Seremi de Medio Ambiente informaron que actualmente trabajan en la conformación de una Mesa Técnico-Científica para abordar acciones tendientes a la actualización parcial del Plan de Cierre del yacimiento minero El Toqui.
En la reunión, el representante de la DGA informó que lograron comprometer recursos desde nivel nacional, en convenio con el Centro EULA, de la Universidad de Concepción, con el objeto de realizar muestreos de calidad de aguas en el área de influencia del yacimiento minero El Toqui. Muestreos que comenzarán durante agosto de 2025 y alcanzarán 10 focos en la zona de influencia de la mina.
La representante de la ONG Ecosistemas, Mitzi Urtubia Salinas, enfatizó que aún no existen respuestas sobre los aspectos más sensibles para los vecinos y vecinas afectados por la contaminación del yacimiento El Toqui.
“Esto en relación a contar con recursos para nuevos muestreos de suelo, forraje, ganado y de sus propios organismos, que puedan determinar la presencia o afectación por metales pesados. En ese punto, las autoridades siguen en deuda”, afirmó.
Participaron también los académicos del Centro de Investigación de Ecosistemas de la Patagonia (CIEP), Brian Reid y de la Universidad de Aysén, el Dr. Aldo Villalón. Este último presentó el resultado de un reciente trabajo de investigación que detectó altos niveles de arsénico en Estero San Antonio en Alto Mañihuales, que superan en más de 60 veces el límite permitido para agua potable -según la norma.
La próxima y tercera reunión de la mesa multisectorial para abordar la afectación minera en la zona y realizar seguimiento a los compromisos y acciones comprometidas por los servicios públicos competentes, se realizará en agosto.
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