Desde que sale del suelo hasta que llega al mercado, el oro atraviesa una larga cadena de procesos y actores, muchas veces ilegales. Esto sucede porque el comercio de esta metal, más allá de las fluctuaciones del mercado, tiene enormes márgenes de ganancia.
En ese camino, la minería ilegal en Tambopata se vincula con delitos como el narcotráfico, los trabajo forzoso, la explotación infantil, la trata de personas, sicariato, extorsión, homicidio, robo de tierras y evasión tributaria. Además, afecta severamente los bosques y agudiza el cambio climático.
La minería informal es aquella que incumple las normas administrativas, técnicas, sociales y ambientales que regulan la actividad minera. La ilegal, además de lo anterior, se realiza en zonas de exclusión minera. Es decir, donde está expresamente prohibido el ejercicio de la actividad minera.
Reserva Nacional de Tambopata
La Reserva Nacional de Tambopata se ubica en la provincia del Manu, en Madre de Dios, y tiene 231 000 hectáreas de bosque como zona de amortiguamiento, un espacio reservado para ser cordón de protección del área natural, pero sólo en el mapa de papel. Esta franja territorial, que debería servir de escudo para la reserva, está siendo invadida por mineros ilegales y bandas de crimen organizado.
En esta porción de la Amazonía, donde tres defensores ambientales fueron asesinados a balazos en 2015, 2020 y 2022, el miedo ya no es exclusivo de las familias y concesionarios forestales que viven en la franja.
El aumento del crimen
En Madre de Dios el oro no respeta los límites políticos. En el análisis geoespacial, se ve que en un kilómetro a la redonda de la reserva Tambopata se han deforestado 2187 hectáreas de bosque por actividad minera.
Erick Zamalloa, jefe de la Reserva Nacional Tambopata, asegura que los mineros ilegales no han ingresado al área intangible, pero sí ejercen presión en los sectores que limitan con el río Malinowski y la quebrada Yarinal. Explica que los 34 guardaparques del Sernanp monitorean la zona y algunos de ellos han sido amenazados por los mineros.
En 2019, el Gobierno inició la Operación Mercurio para arrinconar al crimen en La Pampa, situado entre los kilómetros 98 y 115 de la Carretera Interoceánica. Si bien logró reducir el delito en este punto, los extractores de oro migrarona sectores como Barranco Chico y Mangote y a las zonas de amortiguamiento de la Reserva Comunal Amarakaeri y del Parque Nacional Bahuaja Sonene.
La Operación Mercurio terminó con la llegada de la pandemia y el Gobierno decidió crear el Plan Restauración supuestamente con un objetivo más amplio: reducir la minería ilegal en Madre de Dios, Cusco y Puno. Sin embargo, no funcionó.
La trata de blancas y los asesinos a sueldo se multiplican
La información que maneja la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) es que durante la Operación Mercurio los bares de fachada (en realidad, prostíbulos clandestinos) se replegaron a otras 14 zonas de la región y del corredor minero, pero tras el inicio del Plan Restauración no sólo mantuvieron el control de estas nuevas áreas, sino que también volvieron a sus focos iniciales y renovaron sus estrategias.
Se suma otra problemática en la zona. Antes, en La Pampa, las menores de edad víctimas de trata vivían en los mismos locales donde eran abusadas. Ahora, para intentar burlar la intervención policial, las mantienen en casas u hoteles diferentes y sólo las movilizan a pedido.
Se dispara la producción de droga
Este escenario criminal ha facilitado el camino a un nuevo actor en esta región amazónica: el tráfico ilícito de drogas. El último monitoreo realizado por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), organismo estatal que depende del Consejo de Ministros, muestra que la superficie de cultivos de hoja de coca en Madre de Dios aumentó en 319 %, entre 2021 y 2023, al pasar de 247 hectáreas a 1035 hectáreas.
Según estos datos, los distritos en mayor riesgo son Inambari, en la provincia de Tambopata, y Madre de Dios. Sólo en la zona de amortiguamiento, Devida detectó que tres hectáreas de bosque fueron arrasadas en 2023 para ser reemplazadas con cultivos ilícitos. El área es equivalente a ver más de cuatro canchas de fútbol llenas de plantaciones de hoja de coca.
El Congreso benefició a la minería ilegal
La minería ilegal e informal es el eje económico en Madre de Dios. Las numerosas familias que se oponen a la fiscalización lo hacen porque dependen de esta actividad para su sustento, pero también porque tienen respaldo político: los gobernadores y congresistas que representan a la región han sido vinculados a este negocio ilícito o buscan derogar las normas que regulan la actividad minera.
Uno de ellos es el gobernador regional Luis Otsuka, exdirigente de la Federación Minera de Madre de Dios, dueño de dos concesiones mineras y reelecto pese a tener investigaciones penales por supuestos delitos de peculado, malversación y colusión. Este medio solicitó una entrevista con el gobierno regional, a través de la oficina de prensa, pero no hubo respuesta. Desde el Congreso también se han aprobado iniciativas que favorecen la minería ilegal.
Defensores ambientales: sin protección y amenazados
Los dueños de las concesiones forestales han acudido varias veces al Ministerio Público y al Gobierno Regional para denunciar la usurpación de sus tierras y las amenazas a su integridad, pero sus procesos parecen estar encarpetados. Por el contrario, los concesionarios y defensores ambientales reciben presuntas falsas acusaciones al presuntamente recibir dinero para permitir actividades ilícitas en sus predios.
El vicepresidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata, Demetrio Pacheco, explica que los dueños prefieren evitar las amenazas y transfieren a terceros la concesión que les dio el Estado para siembra o tala, pero son los nuevos posesionarios los que no regularizan su documentación.
Entre 2012 y 2019, Pacheco presentó cuatro denuncias por la invasión de sus tierras ante la fiscalía y al Servicio Nacional Forestal, y solicitó protección policial a la prefectura de Tambopata por las amenazas que recibía, pero sólo lo escucharon luego de que su hijo Roberto Pacheco fue asesinado a balazos, en septiembre de 2020, cuando vigilaba su concesión forestal. Mongabay Latam