El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) considera que la acería de Gijón, propiedad de la compañía Arcelormittal, no opera conforme a la legislación ambiental vigente. La instalación, que utiliza carbón y forma parte de las diez fábricas de acero más contaminantes en Europa (datos de Eurostat), se beneficia de valores límites de emisión menos estrictos que los que hubiese debido tener según la normativa.
El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) ha presentado un recurso contencioso-administrativo, ya admitido a trámite, ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias al constatar que la Administración del Principado consiente a la acería de ArcelorMittal en Gijón contaminar más de lo permitido. De esta forma, el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) se hace eco de las reivindicaciones que colectivos vecinales y organizaciones de diversa índole de la zona oeste de la ciudad llevan años denunciando a consecuencia de la grave situación de contaminación que sufren a diario, a la que se suman olores, ruidos, etc.
Lo cierto es que la contaminación atmosférica tiene graves repercusiones en la salud humana que se producen en su mayoría por la emisión de sustancias como partículas PM10 y PM 2,5 los óxidos de nitrógeno (NOx) y el dióxido de azufre (SO2). La exposición a largo plazo a estas sustancias está directamente relacionada con la aparición de enfermedades cardiovasculares y respiratorias. También se ha asociado con un aumento de la mortalidad debido en particular a enfermedades cardiorrespiratorias y a cáncer de pulmón.
Ante los altos niveles de contaminación que padecen los barrios de la zona oeste de Gijón, en 2014 se constituyó la ‘Plataforma contra la Contaminación en Gijón’, que aglutina a colectivos vecinales urbanos y rurales, partidos políticos, sindicatos y organizaciones ecologistas y ciudadanas de todo tipo. El Instituto mantiene conversaciones con esta plataforma y ha escuchado sus demandas, entre las que destaca una contundente crítica a la inacción de la administración para hacer cumplir las obligaciones legales a la empresa. Tal y como explica Ángela Menéndez, una de las portavoces de la plataforma, se trata de “una zona donde una parte muy importante de la gente que vive aquí come de esta industria, por lo que las administraciones no se atreven a coger el ‘toro por los cuernos’ y exigir a Arcelormittal que tome medidas urgentes”.
Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA)
En julio de 2021 Arcelormittal firmó una Manifestación de Interés con el Gobierno de España que implicaba una inversión de unos 1.000 millones de euros para la descarbonización de su factoría de Gijón. Las principales actuaciones del plan de descarbonización de la empresa incluían la puesta en marcha de una planta DRI para la producción de hierro de reducción directa, basada mayoritariamente en el uso de hidrógeno verde, y un horno de arco eléctrico híbrido alimentado con energía renovable. Sin embargo, a día de hoy la construcción de la planta DRI (para la que además fue autorizada una ayuda estatal de 450 millones de euros) es del todo incierta. La compañía ha declarado en varios foros públicos que el proyecto es actualmente inviable, pues el coste de la energía no lo hace rentable económicamente. Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) solicitó a Arcelormittal una reunión para debatir sobre estas cuestiones que fue declinada por parte de la compañía.
“La no realización de la planta DRI implica que parte de las principales fuentes de contaminación de la acería —concretamente el sinter B y el horno alto A— sigan en funcionamiento”, señala el ingeniero ambiental del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) Massimiliano Patierno.
Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) considera que a lo largo de los años el Gobierno del Principado de Asturias ha sido muy laxa con Arcelormittal a pesar de ser una de las fábricas más contaminantes de España. Actualmente, gracias al beneplácito del Gobierno asturiano, la empresa se beneficia de valores límites de emisión para partículas menos estrictos que los que hubiese debido tener según la normativa vigente. La administración llegó incluso a autorizar a la empresa cambios de actuaciones que, en lugar de reducir las emisiones se limitaban a repartirlas en una zona más amplia. Todo ello va en contra del objetivo de lograr una mejora de la calidad ambiental y de la salud humana.
Avanzar en el recorrido hacia una transformación verde del sector siderúrgico es una tarea compleja que debe abordar a importantes desafíos, cuyo primer paso es contar con una planificación temprana, adecuada y participativa. En el caso de la planta de Arcelormittal en Gijón, la empresa debe afrontar este proceso mediante el cese de la actividad de los hornos altos A y B antes de 2025 y 2030, respectivamente, sustituyéndolos por métodos de producción alternativos basados en fuentes de energías renovables. Además, tal y como recuerda Patierno, “en ningún caso se debería optar por una planta DRI basada en gas fósil, salvo que su uso sea transitorio y que no conlleve la concesión de ayudas de estado”.