Informe revela la sobrecarga de la Superintendencia del Medio Ambiente y reabre debate sobre su capacidad operativa y la reforma en curso.
En un país donde los conflictos ambientales crecen, la respuesta institucional no está llegando a tiempo, según coinciden diversos especialistas. De acuerdo a datos oficiales entregados por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), más de 18.900 denuncias ciudadanas siguen abiertas, lo que representa el 51% del total ingresado desde 2013. A esto se suma otro dato inquietante. Los procedimientos sancionatorios -aquellos que castigan infracciones ambientales- demoran en promedio 591 días, casi 20 meses, en resolverse.
La información fue revelada por el propio organismo en abril pasado, en respuesta a una consulta vía Ley de Transparencia. El documento, firmado por su fiscal Bruno Raglianti, pone cifras concretas a una realidad que comunidades, ambientalistas y expertos vienen advirtiendo hace años: la SMA está sobrepasada.
Con apenas 300 funcionarios -de los cuales solo 107 ejercen labores de fiscalización-, la institución debe vigilar más de 18 mil proyectos con Resolución de Calificación Ambiental vigente. A esto se suman nuevas normativas, competencias adicionales y una demanda creciente por parte de la ciudadanía.
Desde la entidad explican que parte de la demora se debe a factores externos, como los plazos que toman los propios titulares para ejecutar sus programas de cumplimiento. Aun así, reconocen que la carga es alta y que la mejora de los tiempos es una prioridad institucional desde 2023. Para ello, se creó una nueva unidad de gestión de denuncias, se reforzó el equipo sancionador y se incorporaron herramientas como inteligencia artificial para una mayor optimización del trabajo. ¿El resultado? En 2024 se incrementó en un 30% el cierre de casos.
Sin embargo, la brecha sigue siendo grande. Expertos coinciden en que la SMA no tiene el personal ni el presupuesto para cumplir el mandato que le exige la legislación actual, mucho menos con nuevas funciones. “Las normas se multiplican, pero no así los recursos para hacerlas cumplir. Así, la ley termina siendo letra muerta”, afirma Emanuel Ibarra, exfiscal del organismo. En paralelo, avanza en el Congreso una reforma a la Ley Orgánica de la SMA, que busca agilizar procesos, ajustar competencias y evitar que la Superintendencia siga absorbiendo casos de baja gravedad. El proyecto incluye nuevos plazos, más atribuciones, pero solo contempla sumar 18 funcionarios en tres años. Un cambio que, para muchos, no es suficiente frente al tamaño del desafío.
El diagnóstico es claro: sin una inversión significativa en personal y tecnología, los tiempos de respuesta seguirán siendo lentos. La reforma legal en discusión propone limitar competencias para que la SMA se enfoque en infracciones de mayor gravedad, como parte de una estrategia para recuperar su capacidad de fiscalización. Mientras tanto, los casos pendientes y las demoras persistentes siguen generando inquietud en las comunidades afectadas y en los actores del sistema ambiental.