Frente al actual proceso de consulta pública del Ministerio de Medio Ambiente (MMA), sobre el listado nacional de sitios prioritarios que pasarán a regirse por el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), creado por la Ley de la Naturaleza, más de 200 organizaciones de distintos puntos del país alertaron sobre la exclusión de áreas de gran importancia que quedarían desprotegidos.
Más de 200 ONG´s señalan su preocupación por el proceso que lleva adelante el MMA sobre los sitios que serán reconocidas por el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas
Según advierten ONG’s, fundaciones y comunidades indígenas firmantes del comunicado entregado por la Alianza por la Naturaleza, el actual listado elaborado por el ministerio considera solo 99 sitios prioritarios a nivel nacional, dejando fuera del SBAP al 70% de los sitios prioritarios reconocidos por las Estrategias Regionales de Biodiversidad (ERB) y la Estrategia Nacional de Biodiversidad (ENB).
“Los criterios que sustentan la priorización y las exclusiones en la elaboración del listado, supuestamente de carácter científico y técnico, no fueron transparentados ni dispuestos para el acceso público en los respectivos expedientes del proceso para cada macrozona. Por otro lado, los actos del MMA han sido centralizados, sin imprimir la visión local de municipios y gobiernos regionales, a quienes no se ofició para informar y convocar a dicho proceso”, afirman.
Respecto a la participación ciudadana, señalan que si bien el proceso es abierto, este carece de carácter vinculante y no garantiza la respuesta formal ni la incorporación de las observaciones presentadas.
Además, explican que las áreas que no quedaron en el listado se podrían ver afectadas en distintos niveles, tales como: no ser reconocidas por el Servicio de Biodiversidad, no se les aplicará el artículo 116 de la ley sobre infracciones fuera de las áreas protegidas, ni tampoco el artículo 41 sobre permiso para la alteración física de humedales. Por otro lado, no será obligatorio el ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Este tipo de deficiencias e irregularidades ya se habían evidenciado desde que comenzó la implementación del proceso para crear la lista, con acciones y alianzas cuestionadas del ministerio y empresas, de acuerdo a lo afirmado por la Alianza por la Naturaleza.
“Creemos que el Estado está ante la posibilidad de hacer las cosas bien, con efectos para las presentes y futuras generaciones. Invitamos a la ciudadanía, pueblos originarios y organizaciones sociales a persistir en el seguimiento, exigencia y participación constructiva para que el proceso de conservación ambiental en Chile sea realmente democrático, transparente y eficaz”, llamaron las 205 organizaciones firmantes del país.
Expresando una fuerte oposición a las acciones que actualmente está desarrollando el Ministerio del Medio Ambiente, las organizaciones exigieron entre otros aspectos, que el proceso cumpla con los estándares y obligaciones del Acuerdo de Escazú, garantizando pleno acceso a la información, participación pública efectiva y protección de defensores ambientales.
Así también, llaman a que se realice un segundo listado incorporando los sitios de importancia para las comunidades, que se publiquen las evaluaciones realizadas para cada sitio y que sean oficiados los Gobiernos Regionales, que elaboraron las Estrategias Regionales de Biodiversidad y quedaron fuera del listado o vieron ajustados sus polígonos sin consulta a dichos gobiernos.
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