Con la apuesta por medidas de selectividad contundentes para el arrastre del Mediterráneo y sin grandes sorpresas para los ‘stocks‘ del Atlántico nororiental, Ecologistas valoran como positivo el acuerdo para el 2025 alcanzado pasado miércoles 11 de diciembre entre el Consejo de Agricultura y Pesca de la UE.
La organizaciones ecologistas consideran fundamental que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación garantice ahora la aplicación de forma efectiva de las medidas que se han comprometido para compensar los días de recorte, con el objetivo de reducir la presión sobre los ‘stocks’ Mediterráneos y la biodiversidad a través de su control y seguimiento.
Este año todos los focos de las negociaciones han estado puestos en la reducción de los días de pesca de arrastre en el Mediterráneo. La propuesta de la Comisión Europea, que ha servido de base para las negociaciones, partía del diagnóstico y las recomendaciones del Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca (STECF), centrado en dos aspectos: el reconocimiento del continuo declive de la mayoría de los ‘stocks’ explotados del Mediterráneo; y la recomendación de reducción del esfuerzo pesquero especialmente para recuperar el buen estado de las poblaciones de merluza, cigala y gamba roja para 2025.
Transición de la pesca de arrastre hacia un modelo de bajo impacto
Ecologistas ven con buenos ojos el acuerdo finalmente aprobado, puesto que para que la flota de arrastre recupere días de pesca en 2025 (de 27 a 130 días), esta deberá incluir medidas de selectividad como el uso de redes con el tamaño de malla más grande para reducir la captura de juveniles, o el establecimiento de vedas para proteger las zonas de cría de juveniles y grandes reproductores.
Asimismo, los barcos de arrastre que cambien sus puertas habituales a puertas voladoras o semipelágicas (mucho menos destructivas sobre el fondo) obtendrán un porcentaje adicional de días de pesca.
Las organizaciones ecologistas consideran que estas medidas van encaminadas hacia una transición a la pesca de bajo impacto, son medidas de interés general y una responsabilidad de las instituciones públicas, por lo que deben financiarse con dinero público. Algo que también exige un seguimiento adecuado de las medidas para poder garantizar que se reduzca la presión sobre los ‘stocks’ y el medio marino de forma significativa.
Por otro lado, las ONG comprenden la preocupación del sector pesquero que considera demasiado drástico el recorte del arrastre a solo 27 días, sobre todo de aquellos/as pescadores/as y armadores/as que han invertido recursos en los últimos años para reducir su impacto sobre el medio.
Sin embargo, las organizaciones ecologistas consideran que tanto el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación como los representantes del sector pesquero conocían las obligaciones de recorte del Plan de Gestión de Demersales del Mediterráneo Occidental y han dejado pasar el tiempo sin acometer con rigor las obligaciones contraídas, lo que ha dado lugar a la adopción de esta medida tan drástica.
La organizaciones ecologistas también hacen hincapié en la necesidad de reflexionar sobre el contexto actual de crisis climática, social y de pérdida de biodiversidad, donde la transición hacia un modelo de pesca de bajo impacto tiene que llegar tarde o temprano. Es responsabilidad de todas las partes trabajar en esta transición y el Gobierno de España debe decidir cómo hacerlo.
Dicha transición puede ser activa, donde de manera estratégica y participativa se vayan estableciendo medidas desde lo local a lo nacional, utilizando las herramientas de gestión participativa que establece el Artículo 54 de la Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera y haciendo una buena gestión del dinero público para la transición.
O puede ser reactiva, donde las medidas se tomen cuando no quede más remedio, con un medio marino aún más castigado, a punto de cumplir plazos o incluso pagando multas por incumplimiento, lo que además siempre provoca que se deje atrás a trabajadores/as al ser demasiado improvisadas.
Por último, las organizaciones ecologistas recuerdan que toda actividad económica tiene que partir de la base del equilibrio ecológico, y más el sector primario que depende de unos ecosistemas saludables.
Para ello, se exige que las medidas que se han comprometido para compensar los días de recorte se apliquen de forma efectiva, y se asegure su control y seguimiento de modo que las poblaciones se recuperen y se cambie el rumbo de la pesca en el Mediterráneo.