La experta en Derecho Minero analizó el reciente caso del proyecto de Colbún que contemplaba US$ 1.400 millones en Taltal, del cual se desistió luego de la polémica que se abrió tras la decisión del SEA regional de Antofagasta.
La controversia sobre la permisología en proyectos energéticos y mineros en Chile tomó un nuevo impulso tras la decisión de la empresa Colbún de suspender su proyecto Central de Bombeo Paposo, en Taltal. Esta suspensión, que siguió a la negativa del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la región de Antofagasta, ha causado preocupación tanto en el sector privado como en el gubernamental, principalmente por la pérdida de una inversión de US$1.400 millones en energías renovables.
María Luisa Baltra, abogada especialista en Derecho Minero de la Pontificia Universidad Católica de Chile, analizó en Minería & Futuro el caso dentro del contexto de la Región de Antofagasta, uno de los principales distritos mineros del país. Según Baltra, “el SEA debe regirse por la normativa vigente, la cual es la misma para todas las oficinas regionales”. Sin embargo, reconoce que, a pesar de la uniformidad en los procedimientos, “pueden existir diferencias en la rigurosidad con la que los funcionarios de distintas regiones aplican las normativas”.
De acuerdo con su visión, estas diferencias dependen de factores como el volumen y tipo de proyectos que cada oficina regional debe gestionar, así como la disponibilidad de recursos humanos en los organismos involucrados.
La línea entre protección ambiental e inversión
La experta enfatizó la necesidad de equilibrio entre el desarrollo económico y la protección ambiental. “Es fundamental tener claro que, si bien es necesario proteger el medio ambiente, también es crucial permitir el desarrollo de actividades económicas que beneficien al país y mejoren la calidad de vida de las personas”, sostiene. En su opinión, una regulación excesiva y la lentitud en los procesos de tramitación pueden alejar inversiones, como ha ocurrido en casos recientes. Un ejemplo de ello es la reciente decisión de la empresa Arauco de invertir US$4.600 millones en Brasil, un país donde, según Baltra, “les tomó tres años obtener los permisos, mientras que en Chile podría haber tardado más de una década”.
El problema -agregó- se agrava cuando “en el proceso del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) intervienen actores políticos, no técnicos, como el Comité de Ministros, lo que a menudo retrasa la aprobación de proyectos”.
Para avanzar hacia una mayor certeza jurídica en la aprobación de proyectos, propone una revisión profunda de la institucionalidad ambiental, asegurando que los organismos responsables cuenten con la infraestructura, presupuesto y personal técnico necesario para realizar evaluaciones adecuadas.
“El análisis no debe centrarse en reducir los plazos de tramitación, sino en evaluar si las herramientas y recursos disponibles son suficientes para cumplir con las normativas actuales”, concluyó la abogada. Solo después de ese diagnóstico, sería posible realizar las modificaciones necesarias para mejorar la permisología en Chile, expuso la experta.
“Una tramitación lenta por diversos factores no ayuda para avanzar en el desarrollo del país”, puntualizó la académica.