El pasado 28 de febrero el Gobierno daba a conocer a través del BOE: “la solicitud de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución del sondeo Marismas-3NE asociado al almacenamiento subterráneo de gas natural denominado Marismas, en el término municipal de Almonte en la Provincia de Huelva“, que se encuentra dentro del Parque natural de Doñana.
Una autorización que supondría la sustitución del sondeo Marisma-3, que se encuentra inoperativo, por el sondeo Marismas-3NE: “permitiendo, de nuevo, la inyección y extracción de gas natural, incluido el gas colchón, en la estructura geológica Marismas 3”, según el Boletín Oficial del Estado. Estos proyectos se tratan de pozos de almacenamientos de gas en el entorno de Doñana.
Estos almacenamientos de gas que se encuentran actualmente paralizados desde hace 10 años a pedido de la Unión Europea, pero que la luz verde del Gobierno central podrían volver a reactivar, abriría las puertas a la consolidación de una infraestructura industrial en un Parque Nacional como Doñana, que además ya tiene sus propios problemas, de sobra conocidos.
Lo del gas en Doñana parece un mal chiste
Participar para ayudar a formar un mejor criterio con garantías de acierto para Doñana en la resolución definitiva que se adopte sobre el proyecto del sondeo denominado Marismas-3NE de inyección de gas en el subsuelo de Doñana, conlleva una notable dificultad. El proyecto adolece de una enorme complejidad geológica y técnica y los riesgos no parecen haber sido evaluados correctamente.
El riesgo sísmico en Doñana no es baladí, por lo que pueden activarse fallas por la inyección de gas a presión. También existen el riesgo de contaminación del medio ambiente por vertido de hidrocarburos al acuífero 27 y otros riesgos de diversa naturaleza debidos a la anegación superficial de la llanura de inundación del Arroyo de El Partido, cuya actual restauración en el área del sondeo para recuperar el acuífero no se incluye en los informes.
En la documentación presentada se minimiza el riesgo de pérdida de estabilidad de la instalación por cambios en los volúmenes de aguas subterráneas y variaciones en los niveles piezométricos, precisamente cuando estamos asistiendo a un evento de gran importancia en esos términos.
En adición, convertir el subsuelo bajo el acuífero en una infraestructura industrial conlleva dos consecuencias directas para Doñana: una contribución al efecto invernadero por las emisiones fugitivas de gas metano, y la alteración y fragmentación del hábitat de especies muy amenazadas, como el lince ibérico y el águila imperial.
A la vista de todo ello, el plazo de 20 días para la información pública de la autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución del “Sondeo Marismas-3NE” en Doñana resultaba insuficiente para una participación adecuada, útil y eficaz en aras de ayudar a formar un mejor criterio con garantías de acierto para Doñana en la resolución definitiva que se adopte.
Estos han sido los argumentos de numerosas entidades integrantes de la Plataforma Salvemos Doñana, como Fundación Savia por el Compromiso y los Valores, Ecologistas en Acción, Huelva Te Mira, Mesa de la Ría de Huelva, Asociación de Agricultores Puerta de Doñana, Izquierda Unida, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Podemos Andalucía, Intersindical Andaluza, Verdes EQUO Huelva, Unión de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores en Andalucía (USTEA), Partido Animalista Con el Medio Ambiente o Alianza Verde entre otras, para solicitar una ampliación de 10 días más de plazo de alegaciones -como permite la Ley de Procedimiento Administrativo-.
Numerosas personas también han registrado a título individual la misma petición para poder llevar a cabo el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos de participación. Y así lo ha reconocido el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, ya que, a través de la Delegación del Gobierno en Andalucía, ha respondido a todas las solicitantes la ampliación del mencionado plazo por “diez días hábiles adicionales”.