Las plantas de biocombustible de Hatta Energy en Galicia podrían convertirse en uno de los nuevos proyectos energéticos relevantes del noroeste español. La compañía, una de las principales operadoras mayoristas de derivados del petróleo del país, ha trasladado su domicilio fiscal a la comunidad y prepara una inversión de hasta 14 millones de euros.
El proyecto pretende impulsar la producción de biodiésel y reforzar el papel de Galicia en la transición energética, aunque su desarrollo depende de que la empresa obtenga el reconocimiento oficial como “operador confiable” por parte de la Agencia Tributaria.
Las plantas de biocombustible de Hatta Energy en Galicia impulsan un nuevo polo energético
Las plantas de biocombustible de Hatta Energy en Galicia forman parte del plan del grupo energético para transformar la región en un polo estratégico de biodiésel en Europa.
La empresa registró 3.500 millones de euros en ingresos en 2025 y contribuyó con más de 600 millones en IVA, lo que benefició significativamente las finanzas públicas regionales. Los nuevos planes buscan impulsar las economías rurales, crear empleo y atraer talento cualificado.
La implementación depende del reconocimiento como «operador de confianza» según las nuevas normas antifraude. La empresa afirma que cumple con todos los requisitos legales para esta designación.
La operadora al por mayor de derivados de petróleo Hatta Energy trasladó el pasado septiembre su domicilio fiscal a Galicia, donde tiene previsto invertir hasta 14 millones de euros en dos plantas de biocombustible, han anunciado este jueves los responsables de la empresa.
La inversión energética depende de la figura de operador confiable
En una conferencia de prensa en Santiago de Compostela, el director general de Hatta Energy, Javier Alonso, ha señalado que la compañía -quinta del sector de España por facturación- pretende convertir Galicia en un polo energético estratégico para la producción de biodiésel.
«Nuestra apuesta por Galicia es firme: queremos transformar la región en un polo energético de carácter estratégico no sólo para España, sino para la Unión Europea», ha afirmado tras asegurar que con su domicialización fiscal en la comunidad, Hatta Energy se convierte en «la segunda empresa gallega» por facturación.
En este sentido, ha indicado que la empresa registró 3.500 millones de euros de facturación en 2025 y que «ha aportado a las arcas públicas más de 600 millones de euros en IVA, con el impacto económico que ello supone para la Hacienda gallega».
«Queremos que Hatta no sólo se limite a aportar económicamente, sino a transformar el tejido socioeconómico en Galicia, generando oportunidades económicas en el entorno rural, creando empleo y atrayendo talento de alta cualificación a la región», ha señalado.
La compañía denuncia trabas regulatorias ante la Comisión Europea
Sin embargo, ha añadido que la materialización de ese plan está condicionada «a que la compañía obtenga la etiqueta por parte de la Delegación de la Agencia Tributaria en Galicia de ‘operador confiable’» y ha afirmado que cumple «con todos los requisitos» para ello establecidos en la normativa.
La creación de esa figura de operador confiable está relacionada con las nuevas exigencias para combatir el fraude en el sector de hidrocarburos.
En este sentido, Alonso ha anunciado que la empresa ha presentado un escrito a la Comisión Europea en el que asegura que el Gobierno de España «está, de facto, impidiendo la libre competencia en el sector de los hidrocarburos«.
En ese escrito, la compañía argumenta que el régimen de garantías del 110% del IVA exigido a los operadores que no tengan reconocida la condición de “operador confiable”, unido al «carácter no automático del reconocimiento y al silencio administrativo negativo, puede producir efectos restrictivos incompatibles» con el derecho de la Unión Europea.
La empresa alega una «posible vulneración del principio de neutralidad del IVA, al imponer una carga financiera generalizada que convierte el impuesto en un coste estructural para determinados operadores, sin un análisis individualizado del riesgo».
Asimismo, señala que la exigencia de inmovilizar recursos financieros de gran magnitud puede actuar «como una barrera económica indirecta a la libre circulación de mercancías, especialmente en operaciones intracomunitarias», además de «afectar a la libre circulación de capitales y a la libertad de establecimiento al limitar la capacidad de inversión y expansión empresarial».
Más de cien empleos y menor impacto ambiental que otros proyectos
Sobre la compañía pesa una sanción pendiente de resolución de más de cuatro millones de euros, propuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), por incumplir los niveles mínimos de reserva de petróleo, una obligación clave para asegurar la garantía del suministro.
Respecto al proyecto de dos plantas de biocombustible, los responsables de la empresa han rechazado revelar más detalles, pero aseguran que ya han mantenido contactos con la Xunta y que entre ambos supondrían la creación de más de cien puestos de trabajo.
Alonso ha aseverado que el impacto ambiental de las plantas será «muchísimo menor» que el del proyecto de macroceluosa de la multinacional portuguesa Altri, al tiempo que ha recalcado que «cumplirán toda la normativa» existente y que se trata de iniciativas de «energía verde».
El actual sistema de garantía del IVA en España, que exige el 110% para los operadores no reconocidos, restringe la competencia, según la empresa. Ello supone una carga financiera para los operadores y podría entrar en conflicto con la legislación de la UE sobre neutralidad y libre circulación.
Por otra parte, Hatta Energy también se enfrenta a una sanción pendiente de 4 millones de euros por no mantener reservas mínimas de petróleo. Esta es una medida clave para garantizar la seguridad del suministro y el cumplimiento normativo. Seguir leyendo en ENERGÍAS RENOVABLES.