Reglamento de Materias Primas Fundamentales. El objetivo de este documento es establecer un marco para garantizar el suministro seguro y sostenible de materias primas fundamentales dentro de la Unión y el último paso del procedimiento decisorio en este campo.
El mencionado Reglamento de Materias Primas Fundamentales “establece unos plazos definidos para los procedimientos de autorizaciones de los proyectos de extracción de la UE, permite a la Comisión y a los estados miembros reconocer un proyecto como estratégico, exige evaluaciones de riesgos de la cadena de suministro, exige a los estados miembros que dispongan de planes nacionales de exploración y garantiza el acceso de la UE a las materias primas fundamentales y estratégicas mediante unos parámetros de referencia ambiciosos de extracción, tratamiento, reciclado y diversificación de las fuentes de importación”.
Con este Reglamento de Materias Primas Fundamentales la UE quiere convertir la retos de nuestras dependencias en autonomía estratégica y en una oportunidad para nuestra economía. Impùlsando nuestro sector minero, mejorará nuestras capacidades de reciclado y transformación, creará puestos de trabajo locales y de buena calidad y garantizará que nuestra industria esté preparada para las transiciones digital y ecológica.
Acceso a las materias primas fundamentales dentro de la UE
En el texto definitivo adoptado el 18 de marzo se definen dos listas de materiales (34 fundamentales y 17 estratégicas) que son cruciales para las transiciones ecológica y digital, así como para las industrias de la defensa y espacial.
El Reglamento establece tres parámetros de referencia para el consumo anual de materias primas de la UE: el 10 %, de extracción local; el 40 % transformadas en la UE y el 25 %, procedentes de materiales reciclados.
Para facilitar el desarrollo de proyectos estratégicos, los estados miembros crearán puntos de contacto únicos en el nivel administrativo pertinente y en la fase correspondiente de la cadena de valor de las materias primas fundamentales.
Los proyectos de extracción recibirán sus permisos en un plazo máximo de 27 meses, mientras que los proyectos de reciclado y procesamiento deben recibir sus autorizaciones en un plazo de 15 meses, con limitadas excepciones a fin de garantizar una interacción importante con las comunidades locales afectadas por los proyectos y una evaluación de impacto ambiental adecuada en casos complejos.
Las grandes empresas que fabrican tecnologías estratégicas (por ejemplo, los productores de baterías, hidrógeno o generadores renovables) llevarán a cabo una evaluación de riesgos de sus cadenas de suministro para detectar vulnerabilidades.
La Comisión Europea ha publicado la lista de ‘proyectos estratégicos’
La Comisión Europea ha publicado la lista de “proyectos estratégicos” bajo el Reglamento de Materias Primas Fundamentales para acelerar la obtención de minerales considerados estratégicos para la transición energética y digital y otras industrias como armamento. En España se han seleccionado siete proyectos, de los cuales seis son para la extracción de minerales y uno para reciclaje.
Organizaciones ecologistas denuncian que se hayan escogido minas con un amplio historial de irregularidades y malas prácticas ambientales, como son las de Las Cruces (Sevilla), La Parrilla (Cáceres) y Aguablanca (Badajoz), y proyectos con amplia contestación social por sus previsibles impactos en espacios protegidos como los de Las Navas (Cáceres), Doade (Ourense) y El Moto (Ciudad Real).
Recuerdan que la mina de La Parrilla fue sancionada y cerrada en 2022 por carecer de autorización ambiental y por construir ilegalmente balsas de residuos mineros, mientras que la Mina de Las Cruces acumula más de 6.5 millones de euros en sanciones e indemnizaciones por extracciones ilegales de aguas del acuífero de Gerena y Guillena-Cantillana, masas de agua consideradas como reserva estratégica de emergencia para el consumo humano de Sevilla en caso de escasez.
En el caso de la mina de Aguablanca, Denarius está liderada por empresarios con un amplio historial de vulneraciones de derechos humanos en sus explotaciones de oro y petróleo en Colombia.
Resulta asimismo preocupante que de los siete proyectos seleccionados, sólo uno sea de reciclaje de minerales y ninguno de substitución. De hecho, España ha sido el país europeo en el que se han presentado más proyectos de extracción (diez), contrastando con países como Italia, Francia o Alemania, en los que la mayoría de los proyectos presentados han sido de substitución, reciclaje o procesado.
Esto confirma el papel de “zona de sacrificio” atribuido a la península ibérica. España es, de hecho, el país europeo con más proyectos extractivos a los que se ha concedido la categoría de estratégicos (siete en total).
Europa y España están apostando por la minería sin antes fomentar realmente el reciclaje ni reducir la demanda de minerales
Han lamentado las organizaciones. “Hemos calculado que aplicando medidas de ahorro y circularidad, los metales reciclados podrían cubrir el 67% de la demanda de minerales hasta 2050”, concluyen.
También señalan la opacidad del Gobierno de España y la Comisión Europea durante el proceso de selección, así como la exclusión de las poblaciones potencialmente afectadas.
Esta falta de transparencia arroja incertidumbre sobre los criterios aplicados para otorgar a determinados proyectos una calificación que les otorgará privilegios económicos y administrativos, tales como la tramitación acelerada de concesión de autorizaciones. Para las organizaciones, esta falta de transparencia supone una vulneración del Convenio de Aarhus sobre información, participación y justicia ambiental, del que España es parte.
En diciembre pasado, organizaciones ecologistas, el Observatorio Ibérico de la Minería y otras entidades europeas pusieron en conocimiento del Gobierno español y la Comisión Europea un análisis de estos impactos, que son inherentes a la actividad extractiva.
Se ha atribuido la consideración de ‘estratégicos’ a proyectos cuyos impactos previos y potenciales son evidentes
Las organizaciones lamentan además que el Gobierno no haya utilizado su capacidad de veto para excluir proyectos que nunca tendrían que haber estado sobre la mesa con esos antecedentes.
Para que la política minera de la UE sea creíble y sostenible, debe basarse en una planificación espacial estratégica que defina con claridad qué materias primas se necesitan, en qué lugares pueden extraerse sin poner en riesgo el medio ambiente ni las comunidades, y bajo qué condiciones deben desarrollarse.
Esta planificación debe construirse con criterios de interés general y con una participación pública real y reforzada. No podemos dejar que el rumbo lo marquen propuestas dispersas impulsadas únicamente por los intereses particulares de las empresas, afirman las organizaciones.
Una insostenible tramitación exprés y muchos riesgos para la biodiversidad
La tramitación acelerada de permisos que la legislación otorga a los “proyectos estratégicos” impide una participación efectiva de las poblaciones locales. Estos proyectos también tendrán un estatus prioritario en procesos administrativos y judiciales y recibirán ayuda de la Comisión Europea para obtener financiación.
Otro aspecto muy preocupante es que los proyectos seleccionados podrán considerarse “de interés público superior”, debilitando la aplicación de normas ambientales como la Directiva Hábitats, la Directiva Marco del Agua o la de Aves. Una parte muy importante de los yacimientos de los llamados “minerales críticos” se encuentran muy cerca o dentro de zonas de protección especial como la Red Natura 2000.
Las organizaciones advierten que las actuales políticas sobre minerales críticos, lejos de garantizar una transición ecológica justa, ahondan en las desigualdades sociales y territoriales existentes y pueden aumentar la desafección hacia las políticas climáticas.
Tampoco resuelven sino que profundizan en el expolio de recursos del Sur Global, sin garantizar los derechos de los pueblos indígenas ni de las comunidades locales en estos países.
Organizaciones demandan, con carácter inmediato, una revisión de los proyectos estratégicos seleccionados de forma que se garantice que no recibe esta calificación ningún proyecto con malas prácticas ambientales y sociales, ni proyectos ubicados en espacios naturales protegidos, así como en otros que hayan sido merecedores de protección incompatible con las actividades extractivas.
Asimismo, recalcan que es imprescindible un giro de 180º en las políticas sobre materias primas minerales de forma que se priorice la reducción de la demanda y el reciclaje de metales, y que se ponga en el centro de la toma de decisiones el bienestar de la población y su entorno.