El think tank plantea que, aunque modernizar la normativa patrimonial es urgente, las modificaciones impulsadas por el Ejecutivo al proyecto de ley van en sentido contrario a los objetivos de agilizar permisos y entregar certezas.
En momentos en que la agilización de permisos se ha vuelto clave para destrabar proyectos e impulsar la inversión, el Instituto Libertad y Desarrollo (LyD) alertó en un nuevo informe que las indicaciones introducidas por el Gobierno al proyecto de nueva Ley de Patrimonio Cultural –actualmente en la Comisión de Cultura del Senado– irían “en sentido opuesto” a este objetivo.
En su informe Temas Públicos N°1711, el centro de estudios sostuvo que la actualización de la Ley de Monumentos Nacionales (N°17.288), vigente desde 1970, es indispensable para compatibilizar la protección del patrimonio con el desarrollo del país. Sin embargo, hizo hincapié en que las modificaciones presentadas por el Ejecutivo podrían “profundizar los problemas actuales”, al generar mayor burocracia, ampliar las categorías de protección y mantener un modelo centralizado e ineficiente.
“Modernizar la legislación patrimonial es urgente, pero el enfoque del Gobierno no resuelve las demoras ni entrega mayor certeza a los inversionistas. Por el contrario, introduce conceptos vagos y crea una institucionalidad más compleja”, señaló el documento. Asimismo, LyD aseveró que el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) ha sido cuestionado por sus extensos plazos de tramitación. De acuerdo con la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), el CMN es uno de los organismos más lentos en otorgar permisos, con cientos de solicitudes pendientes y demoras que, según la Contraloría, en algunos casos superan los dos años.
Discusión y coordinación confusa
El reporte también criticó la propuesta de reemplazar el CMN por un nuevo Consejo de los Patrimonios Culturales con 30 integrantes, lo que –según LyD– “contradice la intención de agilizar los procesos”. En su lugar, plantea un consejo más reducido y técnico, cuyos miembros sean elegidos por concurso público a través del Sistema de Alta Dirección Pública, garantizando independencia y especialización.
LyD planteó, además, que el debate legislativo se ha llevado adelante de manera poco ordenada y mal comunicada, sin un diálogo amplio ni la participación suficiente de expertos y actores del sector. En este sentido, el centro de estudios advirtió que el proyecto comenzó a votarse antes de escuchar a especialistas o potenciales afectados, lo que, según ellos, refleja una falta de conducción técnica y política en una materia compleja que requiere consenso y profundidad. “La discusión pública ha sido confusa, sin transparencia en los cambios propuestos ni claridad sobre sus impactos en las regiones, la inversión o la gestión cultural”, enfatizó LyD, agregando que esta forma de comunicar y tramitar la iniciativa “ha contribuido a la incertidumbre y a una percepción de improvisación”.
Asimismo, el think tank alertó que el proyecto no establece una adecuada coordinación con el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) ni con la Ley Marco de Permisos, lo que podría generar superposición de competencias y duplicación de sanciones. “La nueva ley debe conversar con las demás regulaciones, evitando choques normativos que terminen paralizando proyectos o debilitando la protección del patrimonio”, afirmó el análisis.
Para LyD, una reforma efectiva debe enfocarse en descentralizar la toma de decisiones, acotar las categorías de protección y simplificar la permisología. “Chile necesita una legislación moderna que proteja su historia sin frenar su futuro. Conservar nuestro patrimonio no debe ser sinónimo de detener el progreso”, concluyó el informe.