El hidrógeno verde se ha instalado como una de las apuestas más ambiciosas del Gobierno de Chile para transitar hacia una economía más limpia, resiliente y competitiva. En un contexto de transformación energética global y creciente presión por acelerar la descarbonización, el Ejecutivo ha delineado una hoja de ruta para consolidar al país como uno de los principales polos de producción de este vector energético, aprovechando su matriz renovable y ventajas geográficas únicas, de acuerdo a una nota reciente publicada por Diario Financiero.
Más allá de los discursos, esta estrategia se ha comenzado a traducir en acciones concretas. El Gobierno prepara el envío de un proyecto de ley orientado a establecer incentivos tributarios específicos para fomentar el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde, con el objetivo de generar un entorno más atractivo y predecible para la inversión. La propuesta contempla créditos fiscales destinados a iniciativas que impulsen industrias emergentes, así como estímulos tributarios al uso de H2V en procesos industriales intensivos como la minería, la manufactura, la logística y el transporte de carga.
Este marco de incentivos busca no solo atraer capital, sino también acelerar la adopción tecnológica y el desarrollo de capacidades nacionales, clave para lograr una transición justa y con beneficios territoriales distribuidos.
“Hemos identificado seis sectores prometedores por sus ventajas comparativas emergentes: minería, litio, energías renovables, hidrógeno verde, economía digital y turismo. En minería, buscamos aumentar en 1 millón de toneladas la producción al 2030. En litio, la meta era tener de 3 a 4 proyectos en desarrollo, y probablemente la superaremos. En energías renovables, esperamos que dos tercios de la matriz provengan de fuentes limpias. En hidrógeno verde, hay más de 70 proyectos en estudio”, declaró el ministro.
La estrategia gubernamental no se limita al plano normativo. Paralelamente, se ha articulado una línea de financiamiento público a través de Corfo y BancoEstado, orientada a facilitar el acceso a capital para proyectos de H2V, especialmente en etapas tempranas de maduración tecnológica o comercial. Esta línea contempla además herramientas de gestión de riesgos, considerando que muchos de estos proyectos involucran innovación, infraestructura intensiva y alianzas público-privadas complejas.
A esto se suma el compromiso con el desarrollo de infraestructura habilitante, clave para asegurar la viabilidad logística, energética y operativa de estos proyectos en fase de inversión y operación. La interconexión de polos productivos con puertos, zonas industriales y corredores energéticos será parte central del despliegue territorial de esta estrategia.
Agilización regulatoria y señales de certidumbre
El Gobierno también ha reconocido la necesidad de revisar los cuellos de botella normativos que enfrentan los proyectos de inversión sustentable. En esa línea, se anunció una reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que permitirá agilizar la evaluación de iniciativas estratégicas de descarbonización, manteniendo altos estándares de sustentabilidad. Se proyecta que esta reforma podría destrabar al menos 25 proyectos valorados en más de US$ 7.500 millones, sin comprometer las exigencias ambientales.
Asimismo, el Ejecutivo prepara una directiva presidencial para priorizar y facilitar la tramitación de más de 100 proyectos de interés público, estableciendo un procedimiento especial de seguimiento y resolución interinstitucional, con foco en reducir la incertidumbre regulatoria, agilizar plazos y entregar mayor certeza a los inversionistas.
El impulso al hidrógeno verde no es una medida aislada, sino parte de un esfuerzo que busca reorientar el modelo productivo chileno hacia sectores de mayor sofisticación, valor agregado y menor intensidad de carbono. En esta estrategia, la transición energética se convierte en una palanca para diversificar la matriz exportadora, crear nuevos empleos de calidad y fortalecer la inserción internacional del país desde una lógica de liderazgo en sostenibilidad.
Chile cuenta con ventajas competitivas innegables: altos niveles de radiación solar y potencial eólico, amplia disponibilidad de territorio, estabilidad institucional y experiencia en grandes proyectos de infraestructura. Pero su éxito dependerá también de la coordinación entre el sector público, la academia, la industria y las comunidades, así como de la capacidad de traducir las oportunidades en cadenas de valor locales.