“Desde un punto de vista jurídico, el tratamiento de las medidas cautelares es insatisfactorio y no cumple con garantías mínimas procesales”, afirma el abogado Ricardo Irarrázabal. Además, pide reducir la discrecionalidad en las aplicaciones de las medidas.
La reforma a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), actualmente en discusión en la Cámara de Diputados, ha generado intensos debates debido a las nuevas potestades propuestas para el organismo. En entrevista con El Periodista, Ricardo Irarrázabal, ex subsecretario de Medio Ambiente y abogado especialista en regulación ambiental, cuestionó aspectos clave del proyecto de ley, destacando la falta de garantías procesales y el aumento de la discrecionalidad en la aplicación de sanciones.
Irarrázabal señaló que la propuesta, que busca maximizar el cumplimiento ambiental, carece de claridad en cuanto a las conductas sancionables y las respuestas de la autoridad, lo que dificulta la diferenciación entre la tutela infraccional, penal y de daño ambiental. “Desde un punto de vista jurídico, el tratamiento de las medidas cautelares es insatisfactorio y no cumple con garantías mínimas procesales”, afirmó.
Entre las facultades más controversiales, mencionó la posibilidad de que la SMA suspenda temporalmente el funcionamiento de proyectos sin una base jurídica clara, y que los fiscalizadores puedan incautar objetos y documentos sin límites precisos. Según Irarrázabal, estas medidas podrían generar procedimientos asimétricos que afectarían negativamente a industrias complejas como la minera.
Reducir la discresionalidad
El exsubsecretario enfatizó la necesidad de reformular el proyecto para garantizar una mayor claridad en la fiscalización de las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) y reducir la discrecionalidad en la aplicación de multas, que considera excesivas.
También abogó por un enfoque integral que analice conjuntamente las leyes ambientales en discusión-ley de bases generales del medio ambiente, ley de la Superintendencia del Medio Ambiente y permiso- lo que aseguraría una visión más coherente y coordinada entre las autoridades, de acuerdo con su visión.
Para Irarrázabal, el proyecto, lejos de incentivar mejoras ambientales reales, podría generar más burocracia interna en las empresas y desincentivar futuras inversiones debido a los altos costos asociados al cumplimiento. “Se perdió una gran oportunidad de dar certeza y mejorar el cumplimiento ambiental, que era el objetivo principal de esta ley”, concluyó.