Mientras Brasil se prepara para ser la sede de la próxima Cumbre del Clima, la COP30, las fuerzas del atraso, la deforestación y la destrucción aceleran y aumentan su poder dentro del país. Hablamos de una nación que alberga el 60% de la mayor selva tropical del mundo, la Amazonia, y la mayor llanura inundable continua del mundo, el Pantanal, entre otros biomas esenciales para la vida.
El Senado brasileño ha aprobado la Ley General de Licencias Ambientales, que en la práctica implosionará la regulación de la mayoría de proyectos, desde la ampliación de hidroeléctricas, la deforestación y las carreteras ya construidas hasta la producción de carne y soja.
El texto ya ha sido apodado “Proyecto de Ley de la Devastación” desde muchos antes de que llegase al senado y cuanta con la abierta desaprobación de un amplio porcentaje de brasileños, que creen que esta ley solo servirá para que los grandes deforestadores sigan acabando con la Amazonía, pero ‘blanqueados’.
El Proyecto de la devastación: vía libre a la deforestación
Decenas de mujeres víctimas de desastres ambientales encabezaron una protesta en Brasilia contra lo que llaman el proyecto de ley «de la devastación», que pretende facilitar las autorizaciones ambientales para emprendimientos de “bajo o medio potencial contaminador”.
Las mujeres que forman parte del Movimiento de Afectados por Represas se citaron recientemente en el Teatro Nacional, desde donde caminaron hacia el Congreso, para manifestar su descontento con el avance del proyecto, que acaba de ser aprobado en el Senado por amplia mayoría.
Según el movimiento, el texto aprobado por los senadores permite el avance de la deforestación y aumenta las posibilidades de nuevos desastres, como la ruptura de la represa de Brumadinho y Mariana, dos de las mayores tragedias ambientales de Brasil que sumaron casi 300 fallecidos y provocaron un desastre ambiental gigantesco, con ríos contaminados de residuos tóxicos y comunidades desplazadas.
De ser aprobada, bajo la nueva ley, bastará que los responsables se comprometan a respetar las exigencias ambientales para poder iniciar los trabajos, lo que Elaine Aparecida Pereira Neto, residente de Mariana y víctima de la tragedia ocurrida en 2015, considera que generará “mucho caos”.
“Si la rendición de cuentas pasa a depender de ellos (las empresas), no lo van a hacer. Todo lo que deforesten no lo van a replantar, no van a reforestar, no van a hacer nada. En la ruptura de la presa de Mariana, sabemos que hasta hoy nada fue mejorado. Lo que fue afectado está de la misma manera, el lodo, la polución… todo”, dijo la mujer de 38 años. Lo mismo opina Ivanei Costa, de la coordinación nacional del Movimiento de Afectados por Represas, quien afirmó que el proyecto es “una tragedia” para el país que hospedará la COP30 en noviembre y que aumentará la deforestación.
“Ya estamos viviendo los efectos del cambio climático. Todos los estudios apuntan a que ya estamos en un punto de no retorno. Y ese proyecto de ley quiere liberar la legislación ambiental, dando vía libre para la agroindustria, la deforestación sin límites, para los emprendedores de las grandes concesiones hidroeléctricas y minería. Y eso es por interés de ellos, lo que va a perjudicar todavía más la vida de algunos territorios”, sentenció.
El proyecto ha sido denunciado por el Ministerio de Medio Ambiente y por diversas ONG como un retroceso en las políticas ambientales. Ahora, el texto, que lleva dos décadas en discusión, deberá ser debatido y votado en la Cámara de Diputados, de mayoría conservadora, con decenas de legisladores vinculados al sector agropecuario. EFE / ECOticias.com