La contaminación por mercurio, plomo, cadmio y otros metales pesados derivados de la minería está enfermando a los habitantes de los pueblos originarios, que acabaron presentándose en el Congreso para pedir ayuda y justicia.
La actividad minera y metalúrgica causa considerables cambios en el medio ambiente: degradación de la tierra, deforestación y contaminación de aguas y aire. La magnitud de la degradación ambiental depende de la tecnología usada y de las prácticas de gestión ambiental.
De manera más general, la actividad minera al ocuparse de extraer materiales depositados por la naturaleza durante millones de años, que se encuentran bajo sistemas de equilibrio ecológico, rompe este equilibrio desencadenando una serie de efectos que dañan el medio ambiente, en diversos grados.
La contaminación de la minería lo mata todo
Antes, en el año 1952, era rico nuestro lago Poopó, en todo. Teníamos ganadería, vacunos, ovino, agricultura y piscicultura. El lago estaba limpio. Y recuerdo que en aquella época abundaba el pejerrey”, cuenta Prudencio Poma, autoridad originaria del Ayllu Agustín de Puñaca, en el pueblo Oruro, ante un auditorio reunido el último 21 de marzo en la audiencia pública que se realizó en la Cámara de Diputados de Bolivia.
Poma también habló de cómo, a partir de la década de 1960, el lago se fue contaminando, y el agua dulce cambió de sabor y “ahora es salado y picante”, dijo el dirigente ante los diputados y funcionarios públicos presentes en el auditorio.
En la audiencia también expusieron dirigentes de la comunidad de Cantumarca, de Potosí y de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cpilap), tres pueblos originarios en tres departamentos distintos de Bolivia que han formado un bloque de afectados por la minería.
“Son tres casos que han presentado acciones populares por los efectos causados por la minería. Los tres tienen sentencias incumplidas por el Estado y en los tres casos existe afectación a la salud de las personas además de la contaminación de agua, suelos y ambiente”, señala Betzabé Saca Choque, coordinadora del Área Tierra y Territorio del Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (Cenda).
En los tres casos se han realizado análisis a las personas que viven en las comunidades donde se desarrollan actividades mineras. En el caso del pueblo de San Agustín de Puñaca, fueron 20 las personas analizadas a través de exámenes de sangre y orina. Los resultados confirmaron la intoxicación por metales pesados: arsénico, plomo y cadmio.
En la comunidad de Cantumarca fueron 120 las personas a las que se le realizaron análisis de sangre y se comprobó que el 85 % presentaba niveles elevados de plomo en sangre. En el caso de Cpilap se hicieron análisis de cabello a más de 300 personas de 36 comunidades nativas de los pueblos Ese Ejjas, Tsimanes, Mosetenes, Leco, Uchupiamona y Tacana.
Los resultados mostraron que el 74.5 % de un total de 302 personas analizadas tenían niveles de mercurio por encima de lo normal, en algunos casos hasta siete veces superiores a lo permitido según los estándares internacionales.
Una contaminación más que probada
Saca Choque cuenta que las tres organizaciones se unieron a partir de 2022 y que, incluso, tanto los integrantes de Cantumarca como los pueblos indígenas de Cpilap han visitado el territorio de San Agustín de Puñaca y han comprobado los efectos devastadores de las actividades mineras.
“Estas comunidades tienen varios temas en común. En todos los casos la población está afectada por la contaminación causada por las actividades mineras. Además, en los tres casos han presentado demandas y han logrado sentencias favorables, pero éstas no se han cumplido”, dice Fátima Monasterio, abogada e investigadora de la Fundación Solón, e integrante del Foro Social Panamazónico (Fospa).
A pesar de ser territorios distantes, ubicados en tres departamentos distintos —Oruro, Potosí y La Paz— la población de estas comunidades padecen prácticamente los mismos efectos de la contaminación minera en la salud pues presentan niveles altos de metales pesados en sus organismos.
En septiembre de 2023, un grupo de 20 personas de las comunidades de Puñaca y Yuracari se realizó exámenes en sangre y orina para evaluar la concentración de arsénico, cadmio, manganeso y plomo en sus organismos. “De las 20 personas del Ayllu San Agustín de Puñaca, el 100 % presenta concentraciones de arsénico superiores a los valores referenciales para la Unión Europea”, dice el informe de los resultados.
En el caso del cadmio se determinó que dos personas presentaban niveles detectables del metal en su organismo. Para el plomo los resultados indicaron que cuatro personas presentaban niveles detectables de este metal y una de ellas superaba los valores referenciales recomendados por la Unión Europea.
Dos años antes, en 2021, el Ayllu San Agustín de Puñaca había presentado una tutela de Acción Popular, solicitando que se declaren vulnerados los derechos al agua, a la salud, a la soberanía alimentaria y a un ambiente sano para todos los habitantes de las comunidades del Ayllu y de todo el sistema del lago Poopó y Uru Uru.
La tutela fue denegada y el caso pasó al Tribunal Constitucional hasta que, en 2023, el resultado fue favorable para Puñaca. En ese momento, el Tribunal Constitucional ordenó al ministerio de Medio Ambiente y Agua que, en coordinación con el ministerio de Salud, el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro y el GAM de Poopó realicen un estudio sobre el agua que utiliza este pueblo indígena para constatar si es apta o no para el consumo humano y uso agropecuario, y evaluar sus efectos en la salud de su población.
Los resultados fueron positivos para la contaminación de metales pesados, sin embargo, el ministerio del Ambiente y Agua señaló que estos niveles altos no se debían a las actividades mineras, sino que eran de origen natural.
“Nos llamaron a reuniones con el ministerio de Medio Ambiente y se hicieron comisiones para evaluar el agua y el suelo, pero nos engañaron, nos dijeron que la contaminación no era producto de las actividades humanas”, recordó Poma durante la audiencia en la Cámara de Diputados.
En diciembre de 2023, en el pueblo de Cantumarca, Potosí, se realizaron exámenes de laboratorio para evaluar los niveles de afectación a la salud de la población. En total 93 adultos y 23 niños fueron analizados y los resultados mostraron que el 64 % de los niños presentaba plomo en sangre, mientras que el 93 % de los adultos también tenían presencia de plomo.
El mismo año se realizaron análisis de cabello en los pueblos indígenas de Ese Ejjas, Tsimanes, Mosetenes, Leco, Uchupiamona y Tacana que viven en el Norte de La Paz. Los resultados fueron contundentes: el 74.5 % de la población evaluada superaba los límites de niveles de mercurio permitidos en el organismo de las personas establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Tanto Cantumarca como Cpilap presentaron tutela de Acción Popular, que resultaron favorables para los pueblos. Sin embargo, hasta el momento ninguno de estos fallos se han cumplido. En el caso de Cantumarca, el problema surgió por los diques de cola de Laguna Pampa I y II, para lo que se pedía una inspección en esta zona puesto que los vientos transportan los contaminantes hacia la comunidad de Cantumarca e incluso hasta la ciudad de Potosí.
El Tribunal Constitucional Plurinacional concedió la tutela solicitada y ordenó que se inicie el plan de cierre y rehabilitación de los diques de Laguna Pampa I y II. Sin embargo, esta sentencia aún no se ha concretado, pese a que el plazo vencía el 29 de junio de 2024.
Cpilap también ha presentado una tutela de Acción Popular. En este caso, la sentencia determinó que el ministerio de Desarrollo Productivo realice acciones de rehabilitación de peces en los ríos Beni y Madre de Dios, en coordinación con la Cpilap.
Además, la fiscalía debe realizar investigaciones para determinar las responsabilidades penales por la afectación a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas de esta organización. En la sentencia judicial también se ordenó que el ministerio de Salud y Deportes identifique en las comunidades los casos graves de personas afectadas por mercurio para que reciban tratamiento médico.
¿Qué piden los pueblos originarios?
“Son ocho puntos en los que coinciden los tres grupos de afectados por la minería. Y uno de los más importantes es el cumplimiento inmediato de cada una de las sentencias”, señala Saca, de Cenda. En ese sentido, Saca menciona que luego de esta audiencia, los diputados de Bolivia pueden exigir informes detallados al ministerio de Medio Ambiente y Agua, al ministerio de Salud y a otras instituciones públicas relacionadas con la contaminación minera.
El bloque de pueblos afectados por la minería también solicita que se cree un fondo de emergencia para la reparación integral del territorio afectado que incluya la reparación a las personas que han resultado perjudicadas. También piden que se implementen mecanismos preventivos y medidas de protección para salvaguardar la integridad física, sicológica y moral frente a cualquier amenaza que ponga en riesgo la seguridad personal.
Otra de las exigencias precisa que se prohíba la entrega de derechos mineros en la cuenca del río Beni y sus afluentes, así como en los parques nacionales y en los territorios de los pueblos indígenas. También, que se controlen y mitiguen los pasivos ambientales en los territorios y se rehabiliten las aguas contaminadas.
“Muchas personas afectadas por el mercurio nos decían: ‘¿Y ahora qué va a suceder con nosotros? ¿Me voy a morir?’”, comenta Saco sobre los resultados en los pueblos indígenas afectados por este insumo utilizado en la minería de oro. “Hay una deuda de una atención especializada para contaminados por minería”, reafirma Saco. La especialista de Cenda también señala que es necesario implementar una política pública para personas afectadas por la minería.
Fátima Monasterio, de Fospa, señala que se han presentado pruebas concretas y científicas de cómo la actividad minera está afectando la salud de las personas y considera que es urgente implementar políticas públicas para atender los problemas ocasionados por la actividad minera.
La segunda vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Toribia Lero Quispe, del partido Alianza Comunidad Ciudadana, señaló que se presentará “un informe a los ministerios dando cuenta de la situación de estos pueblos” y solicitarán información sobre lo que está haciendo cada institución para atender las sentencias.
La diputada también señaló que hay muchos pueblos indígenas que presentan denuncias y reclamos, pero “que son acallados” y agregó que los procesos de acción popular son largos y siempre necesitan que los asesore un abogado, además de ser costosos. “Puede costar 2500 dólares, además de los gastos de investigación y las pruebas que se tienen que adjuntar en cada uno de estos procesos”, dijo.
Lero Quispe también señaló que se deben fortalecer las leyes para proteger los territorios de los pueblos indígenas. “El INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria) ha empezado a abrir una serie de decretos y el Gobierno ha empezado a abrir una serie de resoluciones ministeriales que permite nuevos asentamientos en los territorios indígenas, cuando la ley claramente dice que son inalienables e imprescriptibles, pero eso no se está cumpliendo”.