Hoy, arranca la 29ª Conferencia de las Partes del Convenio de Cambio Climático de Naciones Unidas (COP29) en Bakú (Azerbaiyán), bajo el lema “Solidaridad por un Mundo Verde”, este encuentro de alto nivel pretende extender los acuerdos alcanzados en el histórico Acuerdo de París y promover la colaboración entre países para alcanzar la transición energética.
La crisis climática está mostrando ya sus peores efectos, en forma de eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes e intensos, que, según la ciencia, serán especialmente virulentos en el Mediterráneo, cuya elevada temperatura lo ha convertido en una verdadera bomba de relojería para alimentar tormentas fuera de toda escala. Las terribles consecuencias de la DANA ponen de manifiesto que la prevención y la adaptación de los municipios a estos eventos meteorológicos cada vez más extremos son urgentes e imprescindibles para proteger a la población.
La ciencia también es clara en la solución: la única acción climática realmente efectiva es el abandono progresivo pero definitivo de los combustibles fósiles. Hay que erradicar el carbón, el petróleo y el gas para siempre, sustituyéndolos por energías renovables eficientes, además de abandonar consumos energéticos superfluos y/o excesivos.
El cambio climático nos ha sacudido con extrema dureza en Valencia, y si no se actúa con firmeza, lo volverá a hacer. Esta DANA, que jamás olvidaremos, tiene que suponer un antes y un después y marcar el punto de inflexión en la comprensión de la sociedad de la emergencia climática que la ciencia lleva advirtiendo años. La acción climática es impulsar la transición energética, pero, sobre todo, es proteger la vida de las personas por encima de los intereses económicos de las corporaciones fósiles, a las que hay que exigir que paguen los costes de la emergencia climática que han provocado, pues cada tonelada de CO2 que no eviten supondrá más vidas en riesgo.
Impuesto a las grandes energéticas
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, acudirá este martes a la COP29 de Bakú. Allí los líderes mundiales reunidos deberán responder con valentía a un contexto de desastres climáticos, temperaturas globales récord y un aumento de las emisiones y del consumo de combustibles fósiles. Ecologistas exigen a los Gobiernos que se comprometan a aumentar significativamente la financiación pública a los países del Sur Global para la adaptación, la mitigación y el pago de las pérdidas y los daños.
Exigen igualmente que eliminen, de manera progresiva y justa, las subvenciones fósiles y que establezcan impuestos verdes a la industria del petróleo y del gas y a otros grandes contaminadores. Asimismo, la organización exige el abandono real de los combustibles fósiles, para limitar el aumento del calentamiento global a 1,5°C. Por último, es muy importante asegurar que en la COP29 se establezcan reglas claras para el control de los lobbies petroleros y para la regulación de los mercados de carbono, de manera que garanticen la protección y restauración de los ecosistemas densos en carbono.
En 2022, el Gobierno español implementó un gravamen temporal a las grandes energéticas y los bancos que alcanzaron resultados récord derivados de los altos precios del crédito y la energía. Esta medida, establecida en la Ley 38/2022, afecta a grandes empresas energéticas como Repsol y a bancos como el Santander y expira a finales de año tras su última ampliación.
Este impuesto ha tenido una fuerte resistencia empresarial y está a punto de ser suprimido esta semana en el Congreso en el debate de la “reforma fiscal exprés” y como consecuencia de los acuerdos adoptados por el Gobierno con algunos de sus socios, justo en el momento en que es urgente disponer de más recursos para atender el sufrimiento de las personas afectadas por la DANA.
Organizaciones ecologistas consideran que el actual contexto de unidad social frente al desastre es también momento de exigir la contribución de las grandes corporaciones con crecientes beneficios, implementando el principio de “quien contamina paga”. Las organizaciones ecologistas exigen al Gobierno que convierta estos gravámenes en medidas estructurales y obligue a las empresas contaminadoras, como Repsol, a hacerse cargo de las pérdidas y daños que sus emisiones provocan.
Mientras el mundo va a decidir en la COP29 si las empresas fósiles tienen que pagar por la acción climática, en España esas corporaciones se sienten tan fuertes como para chantajear al Gobierno y algunos de sus socios con la retirada de inversiones, y con ello forzar la eliminación de un impuesto que protege y compensa, al menos mínimamente, a la ciudadanía frente a los beneficios exorbitantes que continúan teniendo las energéticas y la banca. Exigen, tanto en la COP29 como en España, que los acuerdos antepongan la protección de la vida en el planeta y los derechos de la ciudadanía por encima de los intereses económicos vinculados a los combustibles fósiles.