Una de las causas más frecuentes de mortandad no natural en la avifauna es la electrocución y la colisión de las aves en las estructuras de conducción eléctrica, hasta el punto de suponer actualmente el principal problema de conservación para varias de las especies incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, regulado en el artículo 58 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Se calcula que varias decenas de miles de aves mueren cada año en España por electrocución en líneas eléctricas, acarreando al mismo tiempo anomalías, cortes e irregularidades en la distribución eléctrica.
Otra causa de mortalidad de fauna silvestre que se ha revelado significativa y adicional a la que se produce en las líneas eléctricas es la producida por la colisión y el barotrauma de especies voladoras con los aerogeneradores.
Para evitar y corregir situaciones de elevada mortalidad de la avifauna en estas instalaciones, el proyecto de real decreto plantea una serie de medidas de reducción del riesgo que han demostrado su validez y establece un marco apropiado para el seguimiento en estas instalaciones.
Un Decreto para la protección de la avifauna
El Clúster de la Energía de Aragón (Clenar) ha presentado alegaciones ante el Ministerio para la Transición Ecológica al proyecto de Real Decreto de medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y electrocución en líneas eléctricas, en el que se expresa su profunda preocupación ante el impacto negativo de esta normativa para las renovables en la Comunidad.
En un comunicado, este clúster denuncia que el texto actual del proyecto normativo presenta un enfoque desproporcionado, con importantes carencias técnicas y jurídicas, que podría derivar en la paralización o incluso el desmantelamiento de parques eólicos autorizados y ya en funcionamiento.
“El sector eólico y eléctrico ya cumple con exigentes normativas ambientales y de protección de la biodiversidad y la avifauna”, señala el presidente de Clenar, Pedro Machín, para quien lo planteado en el decreto, al imponer nuevas obligaciones sin considerar las evaluaciones de impacto ambiental previamente superadas, vulnera principios fundamentales como la seguridad jurídica, la irretroactividad de las normas y la confianza de los inversores”.
Transición energética en riesgo
Machín considera que esta normativa para proteger la avifauna representa un marco «muy exigente» en términos ambientales que podría perjudicar gravemente la viabilidad económica, jurídica y operativa del sector eólico en España, lo que podría traducirse en una ralentización significativa del despliegue de energías renovables y comprometer el proceso de descarbonización.
A su juicio, el incremento en costes, la posible pérdida de horas de operación y el riesgo de desmantelamiento por razones ambientales podrían afectar significativamente la rentabilidad y viabilidad de los proyectos, poniendo en riesgo no solo la continuidad del parque eólico repotenciado, sino también desalentando futuras inversiones en energías renovables en España.
La biodiversidad primero
En su comunicado, el Clúster de la Energía de Aragón subraya su compromiso reiterado con el desarrollo de un modelo energético sostenible, alineado con los objetivos nacionales e internacionales de lucha contra el cambio climático, pero también respetuoso con la biodiversidad y la avifauna.
En lo que respecta específicamente a la protección de la avifauna, las entidades asociadas al clúster involucradas en proyectos renovables aplican ya estrictos protocolos de evaluación, seguimiento y corrección de impactos ambientales, conforme a las directrices nacionales y europeas vigentes.
En la mayoría de los parques eólicos en funcionamiento se desarrollan campañas periódicas de control de mortalidad de fauna, estudios de comportamiento de especies sensibles y programas de mitigación, como la instalación de sistemas de parada automática o de detección de fauna voladora.
Destacan las fuentes referidas que «más allá» de las obligaciones legales, el clúster tiene constancia de que en ocho parques ubicados en Aragón se han implantado medidas adicionales de vigilancia y protección valoradas en más de 2,6 millones de euros, inversiones «voluntarias y adoptadas con el propósito de medir, analizar y proteger la avifauna».
Inseguridad a nivel jurídico
A juicio de Clenar, uno de los aspectos más controvertidos del proyecto de Real Decreto es la aplicación de medidas retroactivas que afectarían a instalaciones ya autorizadas, incluyendo paradas obligatorias o desmantelamientos de aerogeneradores si se detectan determinadas colisiones con fauna.
El clúster advierte que tales medidas para proteger la avifauna, impuestas sin la correspondiente revisión formal de dichas declaraciones ni el oportuno trámite administrativo, podrían generar un aluvión de reclamaciones por responsabilidad patrimonial contra la administración.
Coto a las energías renovables y su desarrollo
En sus alegaciones, este colectivo también pone de relieve la “incongruencia” de esta propuesta con los objetivos de descarbonización asumidos por España y la Unión Europea, ya que la nueva normativa de la avifauna podría frenar la repotenciación, hibridación y renovación de instalaciones eólicas, afectando al cumplimiento del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que fija una meta de 62 GW de potencia eólica instalada en 2030.
“La aprobación de este Real Decreto en sus términos actuales supondría un grave retroceso para la transición energética del país”, asegura Pedro Machín, para quien esta normativa «nos alejaría de los objetivos climáticos, aumentaría la inseguridad jurídica de los promotores y podría desincentivar la inversión en tecnologías limpias”.
¿Qué se propone?
El Clúster de la Energía de Aragón recomienda a tal fin, modificaciones como separar la regulación de líneas eléctricas y aerogeneradores dada su distinta naturaleza técnica y ambiental; limitar la aplicación de nuevas medidas a instalaciones futuras respetando las autorizaciones ya concedidas; o establecer protocolos de seguimiento ambiental específicos basados en datos reales y adaptados a cada parque.
También se recomienda ajustar los umbrales de siniestralidad para definir cuándo una instalación debe considerarse problemática, e introducir mecanismos de revisión de las declaraciones de impacto ambiental cuando sea necesario, pero siempre mediante el procedimiento legal correspondiente. EFE/ECOticias.com