Según Cristián Cifuentes “es bien sabido que los Estudios de Impacto Ambiental de los proyectos mineros muchas veces son los más complejos, por ende, este proyecto de ley podría impactar fuertemente en temas de reportabilidad”.
El debate sobre la llamada permisología se mantiene activo y son diversos los actores que están planteando sus observaciones sobre si las reformas planteadas por el Ejecutivo producirán cambios efectivos para agilizar y dinamizar las aprobaciones de los grandes proyectos, como los mineros.
Las aprobaciones ambientales han sido uno de los puntos en discusión, específicamente, la modernización del Sistema de Evaluación Ambiental (SEIA). Al respecto, el analista senior del Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cesco), Cristián Cifuentes, plantea que “si bien el origen de este proyecto era bastante esperanzador, sobre todo basándonos que se sostenía en cuatro ejes que muchos estudios indicaron que, como estaban hoy funcionando, debilitaban el servicio y un correcto funcionamiento del mismo (fortalecimiento de la institucionalidad ambiental, mejorar la eficiencia de los procesos asociados a los instrumentos de gestión ambiental, reducir los tiempos en la tramitación ambiental, pero manteniendo los estándares de protección ambiental), lamentablemente su planteamiento legislativo no fue el mejor, lo que ha obligado a ser revisado una y otra vez”.
El especialista puntualiza que “se presentaron tres proyectos de forma separada, modificación a la ley de bases generales del medio ambiente, a la ley de la Superintendencia del Medio Ambiente y lo relativo a permisos, siendo que debieron ser analizados en forma conjunta, por lo cual hoy vemos que están siendo analizados en distintos tiempos y con distintas autoridades”.
¿Qué le parece que se haya convocado a cinco expertos externos para hacer una nueva propuesta para el SEIA?
Obviamente, esto ratifica que el planteamiento inicial del proyecto no fue el adecuado, obligando a casi retrotraerlo, lo que ralentiza aún más su avance. Nuestro país necesita claridad y estabilidad a nivel normativo, por ende, estos reveses solo entregan más desconfianza a la normativa.
¿Cuáles son los principales nudos que están trabando este proyecto?
Particularmente los temas relacionados a la eficiencia del procedimiento que permite reducir los plazos, ya que tal como está presentado hoy el proyecto, probablemente no sea suficiente ni para reducir el carácter político de la aprobación de proyectos con la eliminación de los Comités de Ministros, ni para evitar la judicialización con la unificación de los recursos administrativos y judiciales. Sumado a esto, es posible ver que el proyecto tiene otro fin distinto, que es tratar de implementar el acuerdo de Escazú en la normativa ambiental chilena más que hacer eficientes los procesos.
Un desincentivo para invertir
¿Qué posibles riesgos enfrentaría la aprobación de proyectos como los mineros?
Sería un escenario complejo, porque es bien sabido que los Estudios de Impacto Ambiental de los proyectos mineros muchas veces son los más complejos, por ende, este proyecto de ley podría impactar fuertemente en temas de reportabilidad, sobre todo a las medianas mineras, y al aumentar la discrecionalidad actual con el aumento de facultades y poder sancionatorio de la SMA, un desincentivo para invertir mayores multas a las empresas. Al final del día se convertiría en un desincentivo para invertir.
¿Se ven factibles avances concretos y reales para mejorar la aprobación de los proyectos, la permisología?
Nosotros creemos que el espacio está, pero falta desarrollar incentivos en otras materias mientras se avanza en los proyectos de ley. Asimismo, es importante replantear temas como tamaño de las operaciones/empresas sujetas a evaluación, ya que no es lo mismo un proyecto perteneciente a una empresas de gran tamaño, de larga vida útil y gran espalda financiera para realizar una adecuada gestión interna de los proyectos, comparado con proyectos de mediana envergadura que muchas veces deben vivir “el día a día” y plantear horizontes de desarrollo de corto plazo, los que los expone a presentar muchas veces estudios a la autoridad, desincentivando la continuidad de las mismas en el tiempo.
Reforma a la SMA: los problemas que trae dar más atribuciones a un solo estamento
¿Qué evaluación hace del proyecto de ley que modifica la Superintendencia de Medio Ambiente y que actualmente se discute en la Cámara de Diputados?
Este tema en particular tiene una mirada muy legal como para poder dar una visión distinta a la que exautoridades ya han dado a la fecha, que es lo que comenté anteriormente sobre los problemas que trae el dar más atribuciones a un solo estamento, aumentando la discrecionalidad y burocracia de los procesos sancionatorios.
¿Cómo “conversa” este proyecto con las iniciativas de racionalidad regulatoria que presentó el Ejecutivo para enfrentar la llamada permisología?
Conversa en todo sentido, y eso es el más grave de los problemas: se está tratando de forma separada, siendo que debería haber iniciado su proceso legislativo al mismo tiempo que los otros proyectos.
¿No hay una contradicción entre tratar de reducir la permisología pero, en paralelo, generar más dificultades para el desarrollo de proyectos por parte de la SMA?
Por supuesto, y eso es lo que más está molestando a los sectores industriales y productivos del país, generando desconfianza del real objetivo de los proyectos planteados.
¿Cuáles son las nuevas atribuciones que tendría la SMA de aprobarse tal cual el proyecto de ley?
Si bien este proyecto tiene como objetivo “maximizar el cumplimiento ambiental”, al final del día le entrega mayor potestad cautelar a la SMA, lo que repercute en que este estamento puede suspender una autorización ambiental, no solo las RCA, sin una clara tipicidad infraccional. Sumado a esto, al eliminar la autorización existente por parte del Tribunal Ambiental respecto del establecimiento de medidas provisionales de paralización o suspensión de proyectos, aumenta la discrecionalidad. Y en tercer lugar, el aumentar las potestades de este estamento sin un plan de aumento de dotación funcionaria técnica pasa a ser un despropósito si se busca como objetivo final acelerar los procesos de evaluación.
¿Resultan excesivas las potestades que se permitirían a la SMA?
Por supuesto, lo que más se necesita en un proceso de evaluación ambiental es que sea claro y que permita evitar la discrecionalidad, cosa que con este proyecto no estaría sucediendo.