El gremio de la desalación critica la falta de prioridad del Ejecutivo a una normativa sectorial que impulse la inversión en plantas desaladoras, así como los riesgos de una permisología excesiva y fragmentada.
La Asociación Chilena de Desalación y Reúso (Acades) expresó su preocupación por el escaso avance y la baja prioridad que el Gobierno ha dado al proyecto de ley que regula el uso de agua de mar con fines de desalinización, actualmente en discusión en la Comisión de Hacienda del Senado.
En palabras de su director ejecutivo, Rafael Palacios, el país enfrenta una paradoja regulatoria: mientras se reconoce públicamente la urgencia de avanzar hacia una matriz hídrica más resiliente frente a la crisis climática, las herramientas legislativas para permitir esa transformación permanecen estancadas. “Se requiere una regulación sectorial que habilite la inversión en nueva infraestructura hídrica si queremos apalancar el crecimiento de sectores esenciales de la economía como la minería, la industria y la agricultura”, advirtió Palacios.
Desde Acades apuntan, además, a que el proyecto de concesiones marítimas -único tema relacionado que ha tenido algún avance legislativo- resulta insuficiente por sí solo. “Avanzar exclusivamente en esa norma implica crear un procedimiento administrativo complejo, con amplios espacios de discrecionalidad, en el que intervienen múltiples agencias públicas y con plazos extensos”, explicó el representante del gremio.
El llamado del organismo coincide con las críticas expresadas por el Consejo Minero respecto a las trabas que genera la actual permisología en proyectos estratégicos. Ambos sectores comparten la necesidad de una legislación coherente, que articule las atribuciones de distintas autoridades y evite duplicidades o criterios arbitrarios que desincentiven la inversión.
En momentos en que la sequía se consolida como uno de los desafíos estructurales del país, la desalación se perfila como una de las soluciones más prometedoras para garantizar el suministro hídrico a largo plazo. Sin embargo, según Acades, ese potencial está en riesgo si no se entregan certezas normativas y condiciones claras para su desarrollo.