El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) presentó recientemente una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Puerto Aysén contra todas las personas que resulten responsables por la muerte de una ballena sei, encontrada al interior del Parque Nacional Laguna San Rafael.
La investigación del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, busca encontrar a los autores, cómplices y/o encubridores del caso que ocurrió al interior del parque Laguna San Rafael.
Los restos fueron hallados a finales de mayo, a la entrada del estero Cupquelán dentro del área protegida, en avanzado estado de descomposición
Ante el aviso recibido por parte de Sernapesca sobre la presencia de este ejemplar, se activó la inspección correspondiente con el apoyo de la Autoridad Marítima, con el fin de recabar antecedentes que sustentaron la denuncia que se presentó ante el Ministerio Público.
Una vez realizado lo anterior, el fiscal a cargo de la investigación dispuso que se practicara una necropsia a los restos del cetáceo, para obtener mayores antecedentes sobre su muerte.
De acuerdo a los resultados preliminares de la necropsia, “la querella criminal procede en atención a que existen antecedentes que sugieren fuertemente que la muerte de la ballena Sei no fue por causas naturales, sino que estuvo asociada a una interacción traumática, lo cual podría constituir un ilícito contemplado en la Ley General de Pesca y Acuicultura”.
La directora regional de Sernapesca Aysén, Daniela Leiva, explicó que de acuerdo a los antecedentes se puede constatar que la muerte de este ejemplar no corresponde a causas naturales.
“Es nuestro deber tomar las acciones correspondientes para dar con los responsables de la muerte del ejemplar e investigar hasta el fondo las causas del hecho. Por ello, es que solicitamos en la querella que se condene a quienes resulten responsables del ilícito, al máximo de las penas establecidas en la normativa vigente, junto con el máximo de las multas y penas accesorias”, manifestó.
Según estipula la ley a quienes den muerte o realicen actividades de caza o captura de un ejemplar de cualquier especie de cetáceo, reciben una pena de presidio mayor en su grado mínimo, esto es de cinco años y un día de cárcel, a diez años.
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