El instituto además ha oficiado a diversos servicios y entidades públicas para que informen sus gestiones sobre los compromisos sostenidos con la comunidad de Alto Mañihuales.
En una entrevista realizada recientemente en el matinal “Buenos Días Aysén” de Radio Santa María, el abogado y jefe de la Oficina Regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Joaquín Bizama Tiznado, reafirmó que el Estado se encuentra vulnerando Derechos Humanos al no abordar debidamente la constatada contaminación minera en Alto Mañihuales.
De acuerdo a lo declarado por el funcionario en la entrevista, esta situación estaría relacionada al incumplimiento de las resoluciones que el mismo estado ordena.
“Desde nuestro punto de vista y es lo que expusimos en el Recurso de Protección, creemos que hay una vulneración de derechos, toda vez que se generan afectaciones tanto al medio ambiente y también a la vida y la salud de las personas”, afirmó.
“Tenemos una resolución del 2018 y de 2020, que dice saber que aquí hay modificaciones del Tranque (Confluencia) que no se ha evaluado ambientalmente. Han pasado cinco años y no se ha realizado. Eso, efectivamente, genera una afectación a los Derechos Fundamentales”, explicó Bizama.
El mencionado incumplimiento se refiere a la Resolución por medio de la cual la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), en junio del año 2018, sancionó en más de mil millones de pesos a la anterior propietaria del yacimiento minero, la trasnacional Laguna Gold, por la contaminación minera de Alto Mañihuales y por las infracciones cometidas en la operación del Tranque de Relaves Confluencia.
En esta misma resolución se requirió el ingreso del tranque de relaves al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental para el estudio y adopción de medidas de mitigación, reparación y/o compensación de sus impactos.
Llamado a actuar
En 2020, la SMA exigió, esta vez a la Minera Pacífico del Sur SpA, la evaluación de impacto ambiental del tranque Confluencia; sin embargo, esta exigencia no ha sido cumplida hasta la fecha por la actual propietaria del yacimiento minero.
En la ocasión, igualmente se entrevistó a la vecina y dirigenta social de Villa Mañihuales, Gabriela Barrientos Araneda quien recalcó que el Estado no se ha hecho responsable, llamando también a que las autoridades regionales tengan una actitud más empática y proactiva, para avanzar en este conflicto minero.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos en Aysén ha oficiado además a la Seremi de Medio Ambiente y al Consejo Regional de Aysén, para que informen los avances en torno a los compromisos sostenidos con la comunidad en la primera reunión realizada en mayo.
Finalmente, las organizaciones convocantes de la Mesa intersectorial, entre las que se encuentran Mañios y Baguales, la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén (Codesa), la Red de Protección y Defensa del Territorio Patagonia, junto a las ONGs FIMA y Ecosistemas, esperan que este diálogo multisectorial avance con el objetivo de identificar los niveles de contaminación que existen y que la empresa resuelva las numerosas irregularidades.
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