El 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, una fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1972. El objetivo de este día es fomentar la conciencia y la acción global en relación con la protección del medio ambiente.
El Día Mundial del Medio Ambiente es una llamada a la acción para que la gente tome conciencia de su responsabilidad individual y colectiva en la protección del planeta. Cuidar el medio ambiente es fundamental para garantizar un futuro sostenible para las generaciones presentes y futuras.
En el marco de esta significativa jornada, desde una célebre ONG se hace un llamamiento a las autoridades para que se centren en la aplicación efectiva de las leyes que pueden proteger a la naturaleza y el medio ambiente.
Otro Día Mundial del Medio Ambiente sin respuestas
En el Día Mundial del Medio Ambiente, SEO/BirdLife lanza una alerta: España no podrá responder adecuadamente a la emergencia climática, ni a la crisis de biodiversidad, si no se aplican de forma decidida sus leyes ambientales.
Cuatro años después de la aprobación de la Ley de Cambio Climático, y con más de quince años desde la Ley del Patrimonio Natural, las herramientas legales están, pero los resultados no llegan. Las obligaciones normativas siguen lejos de convertirse en políticas eficaces.
Asunción Ruiz, directora ejecutiva de la ONG, afirma que “la legislación ambiental española es, en muchos aspectos, sólida y avanzada; lo que falla es su aplicación. La falta de una coordinación eficaz entre el Estado y las comunidades autónomas está frenando la implementación de las políticas necesarias para hacer frente a la crisis global.
Esto pone de manifiesto que, sin una verdadera gobernanza ambiental coordinada, no podemos avanzar con eficacia para afrontar los grandes retos ambientales”.
“Sin justicia ambiental no habrá justicia social. Hoy, Día Mundial del Medio Ambiente, exigimos un compromiso institucional claro para cumplir con las leyes. Esto solo es posible con un sistema de evaluación robusto, con indicadores verificables que funcionen como un verdadero cuadro de mandos ambiental y que sean debatidos anualmente en el Congreso, con transparencia y ambición”, añade Ruiz.
¿Qué pasa con la Ley de Cambio Climático?
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética, aprobada en mayo de 2021, nació con la ambición de marcar el rumbo hacia una economía neutra en carbono, resiliente y socialmente justa.
Sin embargo, cuatro años después, la ONG considera que su aplicación efectiva dista mucho de estar en marcha, lo que pone en entredicho la capacidad del país para cumplir sus compromisos climáticos y garantizar el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible.
Uno de los incumplimientos más relevantes es el retraso en materia de fiscalidad ambiental. El artículo 11 de la ley obliga a identificar anualmente las ayudas fiscales a los combustibles fósiles y a elaborar un calendario para su revisión y eliminación progresiva.
Cuatro años después, no se ha aprobado ningún calendario ni se han comunicado avances. Aunque el Gobierno ya recibió en 2022 el Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria, con propuestas claras para avanzar en fiscalidad verde, estas no se han incorporado al marco normativo. Esta inacción compromete los objetivos de descarbonización y resta eficacia a la Ley de Cambio Climático.
Otro aspecto esencial no desarrollado es la zonificación ambiental vinculante para energías renovables, recogida en el artículo 21. Esta herramienta debe identificar zonas de exclusión y sensibilidad por su importancia para la biodiversidad y los servicios ecosistémicos.
A pesar de que el despliegue de renovables se ha acelerado en los últimos años, la herramienta cartográfica prevista en la ley no se ha completado ni ha adquirido carácter normativo. Esto está provocando una proliferación de proyectos en lugares de alto valor ambiental, generando conflictos con comunidades rurales y con la conservación de la biodiversidad.
También preocupa la falta de avances en aspectos estructurales clave de la Ley de Cambio Climático, como la adaptación al cambio climático de los espacios protegidos.
El artículo 24 establece que, en un plazo de tres años desde la aprobación de la ley, debía presentarse una evaluación sobre la representatividad a medio y largo plazo de las redes de espacios protegidos, incluyendo la Red Natura 2000, frente a diferentes escenarios climáticos.
Esta evaluación no se ha hecho pública. Además, la ley obliga a que los planes de gestión de estos espacios, cuando sean revisados, incorporen diagnósticos, objetivos y acciones específicas de adaptación, incluyendo indicadores y medidas para garantizar la conectividad ecológica, pero apenas se han actualizado.
Otro incumplimiento relevante es la no constitución del Comité de Personas Expertas en Cambio Climático y Transición Energética previsto en el artículo 37, cuya función es garantizar una evaluación independiente del cumplimiento de los objetivos climáticos y emitir recomendaciones técnicas. Su ausencia debilita la transparencia y la rendición de cuentas del Gobierno ante la ciudadanía.
A ello se suman otros aspectos aun sin desarrollo efectivo, como la integración del cambio climático en la planificación urbana, la contratación pública o la educación ambiental, así como el refuerzo de políticas de adaptación en sectores clave como el agua, el suelo, los ecosistemas agrarios o forestales. Todos estos retrasos comprometen la capacidad del país para hacer frente de forma estructural a los impactos del cambio climático.
¿Y con la Ley de Patrimonio Natural?
La organización analiza también la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que está en vigor desde hace más de 17 años, y sigue sin contar con algunos de sus instrumentos más esenciales para proteger la biodiversidad.
Entre ellos, destaca la ausencia del Catálogo de Hábitats en Peligro de Desaparición, un mandato legal que nunca se ha cumplido. La ONG ha reclamado insistentemente su aprobación y ha solicitado que las lagunas costeras, uno de los hábitats más amenazados y deteriorados, sean las primeras en incluirse.
Tampoco se han elaborado los planes sectoriales de integración de la biodiversidad, previstos en la propia Ley y en la Estrategia Estatal de Infraestructura Verde, Conectividad y Restauración Ecológica, aprobada en 2021. Estos planes deberían haber orientado la acción ambiental en sectores como la agricultura, la energía, la pesca o el transporte, pero a día de hoy no existen. Su ausencia perpetúa la desconexión entre políticas económicas y objetivos ambientales.
Otro compromiso clave, recogido en la Estrategia Estatal de Biodiversidad y Patrimonio Natural 2030, es la eliminación de subsidios perjudiciales para la biodiversidad, una medida avalada a nivel internacional. España fue el primer país europeo en reconocerlo en su legislación ambiental, pero casi dos décadas después no existe ni un diagnóstico oficial que identifique estos incentivos negativos, ni un plan para su revisión o eliminación progresiva.
Por último, aunque el Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad 2030 fue aprobado en 2022, muchos de sus compromisos más urgentes van con retraso o carecen de calendario concreto, lo que pone en riesgo su efectividad y debilita su potencial transformador en un momento crítico para la biodiversidad.
Respuestas fragmentadas a una crisis que es real
La organización insiste en que la emergencia ecológica no puede afrontarse con respuestas parciales. Aunque España ha asumido compromisos relevantes en materia climática y de biodiversidad, la ONG considera que su cumplimiento se ve frenado por la incoherencia de otras políticas públicas.
Las subvenciones agrarias que impulsan prácticas perjudiciales, las políticas fiscales que aún favorecen el uso de combustibles fósiles o la falta de ambición a la hora de incorporar criterios ambientales en las políticas de pesca y en la planificación territorial y el uso del suelo contrastan con los objetivos de descarbonización y recuperación de la naturaleza.
Desde la ONG se reclama una visión verdaderamente integrada de la transición ecológica, que una la acción climática, la protección de la biodiversidad y la salud pública como pilares interdependientes de una transformación justa. Para ello, es imprescindible avanzar en una gobernanza más eficaz y coordinada entre todas las administraciones públicas, superando la fragmentación actual.
Juan Carlos Atienza, responsable de la Unidad de Incidencia para la Transición Verde de la organización, considera que “la respuesta a las crisis del clima, la biodiversidad o la contaminación no puede venir de compartimentos estancos.
Necesitamos políticas públicas alineadas y una gobernanza más ambiciosa, transparente y participativa. Solo así garantizaremos que el conjunto de nuestras decisiones públicas trabaja a favor del medio ambiente y del bienestar de las personas”.