Luego de un largo proceso de diálogo intercultural entre parte del pueblo Mapuche lafkenche y el Estado, en 2008 se promulgó la Ley 20.249, más conocida como Ley Lafkenche.
En esta columna la comunidad Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar, plantea las aristas que se deben trabajar y la campaña de desinformación por parte de la industria y parlamentarios.
Su propósito era reconocer los espacios territoriales del borde costero que han sido de uso ancestral de los pueblos indígenas ligados al mar.
En la práctica, la ley crea un mecanismo de reconocimiento de derechos de uso consuetudinarios en los espacios solicitados, conforme a las obligaciones internacionales asumidas por Chile al ratificar el Convenio 169 de la OIT, vigente desde septiembre de 2008.
A fines del año pasado, se intentó paralizar el ingreso de nuevas solicitudes por el periodo de un año, a través de una indicación en la Ley de Presupuestos. A la vez, se estableció un plazo de seis meses para resolver aquellas solicitudes en actual tramitación, rechazando aquellas que no logren su tramitación en este acotado plazo.
Dicha estrategia, presentada en esta ocasión por los diputados Mauro González y Marcia Raphael (RN) ha sido cuestionada en varias oportunidades por el Tribunal Constitucional y por las comunidades solicitantes.
Cerrando el 2024, las solicitudes de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (Ecmpo) ascienden a más de 80, en distintas etapas de tramitación y han sido blanco de críticas por actores de la industria salmonera, sector empresarial y parlamentarios afines, señalándolas como un supuesto “freno” a la inversión y al desarrollo.
Por consiguiente, agresivas campañas de desinformación han sido impulsadas por estos sectores, buscando estigmatizar a las Ecmpo como un obstáculo para el crecimiento, así como un supuesto motor de desempleo en las regiones australes.
Estas afirmaciones genéricas han tendido a realizarse con referencia a la salmonicultura, industria que no ha dejado de crecer a expensas de graves daños para el medioambiente y hacia las formas culturales de los distintos pueblos y territorios donde se instala.
Los Ecmoos surgen como respuesta a la ausencia de reconocimiento en la legislación pesquera, relativo a la relación de los pueblos originarios costeros con el litoral.
Los espacios se crean en el borde costero, entregan su administración a comunidades indígenas para el reconocimiento y resguardo de sus usos consuetudinarios, orientados hacia el cuidado del mar y la sostenibilidad de los recursos, son compatibles con actividades como la pesca, el turismo, la investigación.
Emergen como mecanismos de gobernanza comunitaria, lo que vino a chocar con las dinámicas de poder que ha mantenido la industria salmonera en las pasadas décadas.
Este choque de visiones ha escalado a un preocupante clima de hostilidad y odiosidad hacia estos espacios y las comunidades que los sostienen, defienden o promueven.
Parte de esta estrategia de desinformación ha devenido en una polarización entre los propios pueblos originarios, así como en su relación con el sector pesquero artesanal. “Divide y vencerás”, sostuvo alguna vez un emperador romano.
En la Región de Magallanes, la hostilidad se ha materializado en diversos espacios de convivencia democrática he institucionales como en las Crubc donde en la última votación para el establecimiento del espacio costero marino denominado Península Muñoz Gamero, solicitado por una comunidad Kawésqar se vio marcada por el racismo y discriminación racial institucional y empresarial el que carecía de argumentos que permitan dar claridad de un mínimo conocimiento de lo que se estaba votando, ni dando espacio para oír las propuestas.
Así en la Crubc pudimos ver el uso y el abuso de los organismos públicos estatales para favorecer al sector empresarial.
La indiferencia de las instituciones a nivel local también ha dejado mucho que desear, haciendo oídos sordos ante denuncias de irregularidades, vicios en los servicios estatales e intervencionismo empresarial en los procesos que son propios de los pueblos originarios.
Pese al significativo avance que ha significado la Ley Lafkenche, su implementación se ha visto entorpecida por una falta de apoyo institucional, la resistencia de la industria salmonera y del mundo político.
Esto ha generado un clima de polarización y hostilidad que amenaza la convivencia armónica del territorio. Es fundamental que el Estado asuma un rol más activo en la protección de los derechos y los convenios que ha asumido, para que dichas acciones sean más que actos vacíos.
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