El informe urbanístico municipal emitido el pasado mes de junio tuvo resultados negativos y evidenció que el vertedero tóxico de Santovenia de Pisuerga tiene que olvidarse del proyecto de ampliación. Pero, según denuncian los ecologistas, desde la junta pretenden darles el permiso de ampliación a toda costa.
La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León propondrá en la reunión urgente del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio la aprobación de una declaración de impacto ambiental favorable para la ampliación de la capacidad del vertedero de residuos industriales peligrosos de Santovenia de Pisuerga, en 125.000 metros cúbicos adicionales al millón de metros cúbicos ya autorizados, ante la próxima colmatación de dicho vertedero.
Dicha ampliación ha sido solicitada por la empresa titular de la instalación, Centro de Transferencias, S.A. (Cetransa), perteneciente al grupo Urbaser, al no estar amparada por la declaración de impacto ambiental de 2014 ni por la autorización ambiental vigente del vertedero, y por lo tanto tampoco por la declaración de Proyecto Regional realizada por la Junta en el año 2015.
No obstante, el Ayuntamiento de Santovenia de Pisuerga ha emitido en junio un informe urbanístico negativo, concluyendo que “la ampliación proyectada y la modificación sustancial derivada no son autorizables”, al prohibir expresamente el artículo 145 del Plan General de Ordenación Urbana del municipio la ampliación del Centro de Tratamiento de Residuos de Cetransa. Dicho informe es vinculante y determina el archivo de las actuaciones, según la legislación sobre prevención de la contaminación y evaluación de impacto ambiental, pero la Consejería pretende eludir dicho archivo.
La ampliación del vertedero es ilegal
Ecologistas en Acción denuncia el inaceptable trato de favor de la Junta de Castilla y León a la empresa Cetransa y el grupo Urbaser, que ya se beneficiaron en 2001 de una ley “ad hoc” declarada inconstitucional una década más tarde para mantener la actividad del vertedero, tras la sentencia del Tribunal Supremo que en 2001 anuló sus licencias municipales. Se trata de un comportamiento que incrementa además la amenaza sobre el río Pisuerga, aguas arriba de la ciudad de Valladolid.
La organización ambiental propondrá en la reunión de mañana que se inadmita la solicitud de inicio de la evaluación de impacto ambiental, al existir un pronunciamiento del órgano competente en el que se pone de manifiesto la inviabilidad del proyecto, basada en el incumplimiento del vigente planeamiento urbanístico, y pedirá asimismo el archivo del expediente de autorización ambiental, advirtiendo de las responsabilidades en que pudiera incurrir el Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de aprobar el proyecto contra lo dispuesto legalmente.
Asimismo, Ecologistas en Acción recordará la necesidad de sustituir el obsoleto Plan Integral de Residuos de Castilla y León, aprobado hace una década, tras la sentencia judicial que anuló el pasado mes de marzo el intento de la Junta de revisarlo “por la puerta de atrás” para consolidar el papel de Castilla y León como sumidero de los residuos industriales peligrosos de España.
El vertedero de residuos tóxicos y peligrosos de Santovenia de Pisuerga (Valladolid) inició su funcionamiento en junio de 1993, y desde sus inicios ha acumulado numerosos incidentes como el vertido de residuos prohibidos, la fuga de sustancias contaminantes, la irrupción de aguas subterráneas bajo el vaso del vertedero, la acumulación de agua en su interior, el asentamiento de la caballón de cierre de los residuos e incluso un incendio.
El vertedero está a punto de colmatarse, ya que a día de hoy almacena más de un millón de toneladas de residuos peligrosos, de los que más de una tercera parte llegan al depósito desde fuera de Castilla y León. Ampliar su capacidad no solo es ilegal, sino que es un crimen para el medio ambiente.