Ecologistas alertan de los riesgos de que el gravamen a las grandes compañías energéticas se aparque y critica que los grupos politicos no se hayan puesto de acuerdo a la hora de gravar a los jets privados y el impuesto al lujo.
Organizaciones ambientales piden gravar a los beneficios extraordinarios de la banca para atender los costes de la DANA y controlar la mercantilización de la vivienda. Las organizaciones denuncian que los intereses de las compañías energéticas contaminantes prevalecen en el proceso frente al interés general.
Las organizaciones ecologistas han lamentado que la Comisión de Hacienda no haya llegado a un acuerdo de reforma fiscal en favor de los intereses de la ciudadanía y alertan de los efectos negativos que tendría prescindir del impuesto a las grandes energéticas.
De hecho, Greenpeace denunciaba ayer en una acción en el Congreso el riesgo de que esto se produjera y de que el chantaje realizado por Repsol, la empresa que más contribuye al cambio climático en España, tuviera efecto.
Asimismo, en un comunicado recordaba que las empresas energéticas han aumentado sus beneficios extraordinarios en 2024 respecto a los años anteriores en un mercado “supuestamente normalizado” y realizaba un cálculo preciso de la importancia de los 1.164 millones que el impuesto recauda anualmente para financiar el escudo social, económico y de protección en las zonas afectadas por la DANA. Finalmente el debate de esta figura tributaria se ha postergado a una tramitación específica por decreto ley antes de su vencimiento a final de año, pero sin una garantía de tener todos los apoyos políticos.
Realidades como la DANA este último mes o la sequía en Cataluña en este año y sus efectos en la población no han hecho reconsiderar la postura de ciertos grupos que han preferido permanecer en la esfera de intereses de las grandes corporaciones y con ello debilitar las capacidades de respuesta de las administraciones públicas frente al cambio climático.
Organizaciones trasladan su decepción de que los grupos no llegaran a un acuerdo con el denominado impuesto a los jets privados y el impuesto al lujo
Además, otra buena parte del paquete fiscal que el Gobierno había acordado, y que recogía varias de las medidas de justicia fiscal que había exigido la sociedad civil, se ha dejado en el aire hasta el pleno de este jueves. Para las organizaciones ambientales es fundamental que estas medidas se aprueben pues son necesarias para garantizar recursos públicos y derechos sociales. Estamos hablando del impuesto a la banca, el impuesto a los pisos turísticos o la revisión de las SOCIMIs.
Asimismo, las organizaciones trasladan su decepción de que los grupos no se pusieran de acuerdo con del denominado impuesto a los jets privadosy al impuesto al lujo. La organización recuerda que se trata del medio de transporte más contaminante e injusto, al año hay en España unos 23.000 vuelos de este tipo de aparatos mayoritariamente utilizados por multimillonarios para sus usos vacacionales.
Respecto a la ligera subida del IRPF que se ha aprobado, para los ecologistas es claramente insuficiente, de tal forma que los ultrarricos seguirán teniendo un “buen menú de opciones para evadir y eludir sus responsabilidades fiscales”, señala Carlos García Paret.
Ecologistas recuerda que sin mayor justicia fiscal y una vez venzan los impuestos directos sobre beneficios extraordinarios de las grandes energéticas y de la banca a final de año, serán las clases trabajadoras y medias las que tendrán que soportar la creciente factura de la deuda pública acumulada desde la COVID y las consecuencias de la guerra de Ucrania, a la que se añaden los recientes impactos de la DANA en el Mediterráneo.
Esto provocaría que el Gobierno incumpliría el plan fiscal estructural enviado a Bruselas para cumplir con las reglas fiscales europeas y corregir la diferencia de presión fiscal y la deficiencia en los impuestos verdes respecto a la media de la UE.
Por esto ecologistas reclama compromiso al gobierno y los partidos el próximo jueves para garantizar una fiscalidad justa, verde y progresiva que garantice que paguen los que más tienen y los que más contaminan y haya recursos públicos suficientes para hacer frente a los retos a los que nos enfrentamos.