Otro año más llega septiembre, y en septiembre, la Semana Europea de la Movilidad. Casi un cuarto de siglo desde que comenzara a celebrarse, con el objetivo de poner en el centro del debate la necesidad de revertir la hegemonía del coche en las ciudades, y fomentar la movilidad sostenible.
La Semana Europea de la Movilidad es una campaña dirigida a sensibilizar, tanto a responsables políticos como a la ciudadanía, sobre los beneficios tanto para la salud pública como para el medio ambiente asociados al uso de modos de transporte más sostenibles, en particular, el transporte público, la bicicleta y los desplazamientos a pie.
En medio de la crisis climática acelerada, los automóviles siguen ocupando casi el 70% del espacio público. El lema de este año, precisamente, “Espacio Público Compartido”, pretende poner de manifiesto este injusto reparto del espacio urbano.
En casi todas nuestras ciudades y pueblos, la mayor parte de los desplazamientos los hacemos caminando, o en una combinación de movilidad activa y transporte público. Sin embargo, el coche sigue estando en el centro de las políticas. Parece que no avanzamos.
Varios colectivos ecologistas participan activamente en la campaña Clean Cities, cuyo objetivo es tejer una amplia red de movimientos sociales, en toda Europa, que empujen para que la necesaria transformación urbana hacia una movilidad sin emisiones se haga realidad. Una de las últimas iniciativas de esta campaña ha sido la presentación, en esta semana de la movilidad, del Manifiesto por unas Ciudades más habitables y saludables, que se puede firmar.
Zonas de Bajas Emisiones
Los municipios de más de 50.000 habitantes están obligados por ley, y por responsabilidad con la salud de su población, a poner en marcha Zonas de Bajas Emisiones. La ley de Cambio Climático exigía que estas Zonas de Bajas Emisiones estuvieran puestas en marcha antes de 2023. El Real Decreto de Zonas de Bajas Emisiones dio un plazo de 18 meses, hasta junio de 2024, para que las Zonas de Bajas Emisiones que ya existieran se adaptaran a los requisitos del Real Decreto. Agotados todos los plazos, tenemos 20 ciudades con Zona de Bajas Emisiones, otras 104 con el procedimiento iniciado, y unas cuantas que no han hecho nada de nada para proteger de la contaminación a sus habitantes.
Lamentablemente, la grandísima mayoría de las Zonas de Bajas Emisiones puestas en marcha son mínimas, no van a servir para reducir emisiones, ni para fomentar el cambio modal, ni para incrementar el espacio público disponible para las personas. Ello a pesar de los 1.500 millones que desde el Ministerio de Transporte y Movilidad, a cargo de fondos europeos, distribuyó a las ciudades para impulsar la movilidad sostenible y las Zonas de Bajas Emisiones. La ejecución de estos fondos está siendo compleja y sobre todo controvertida.
Más lamentable aún, es que las pocas Zonas de Bajas Emisiones que sí se han puesto en marcha, estén siendo obstaculizadas por algunas sentencias basadas en defectos de forma, o en argumentos torticeros, como la que hemos conocido esta semana sobre Madrid.