Stephanie Wilhelm afirma que se requerirá una mayor coordinación institucional en la evaluación de los proyectos o se podrá ver afectada la inversión. “Se necesita infraestructura e incentivos para la inversión sostenible”, precisa.
Recientemente más de 200 organizaciones territoriales y ambientalistas llamaron a bajar la urgencia a la ley de “permisología” ambiental a través de una declaración, en la cual indicaron criticaron la reforma de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente -más conocida como Ley 19.300- que actualmente se encuentra en primer trámite constitucional.
En el último tiempo diversas organizaciones tanto sociales como empresariales se han referido a este conjunto de reformas que buscan agilizar la tramitación de permisos para que los proyectos se puedan concretar. Un tema que preocupa, ya que la inversión en Chile ha disminuido su crecimiento de un 8,6% anual entre 2000 y 2010, a un 3,42% en la década siguiente, de acuerdo a datos del Consejo de Políticas de Infraestructura y que coinciden con los últimos análisis dados a conocer por el Ministerio de Economía y el Banco Central.
Desde la Red de Ingenieras de Minas (RIM Chile) también han hecho sus análisis en relación con estas reformas, dado el rol crucial que la minería juega en la economía del país. Su presidenta, Stephanie Wilhelm, comenta que, si bien estos cambios legislativos buscan remediar algunos de los aspectos que entrampan la aprobación de los permisos necesarios para los proyectos de inversión, como la redundancia e interdependencia de los mismos y la falta de plazos máximos establecidos para las etapas de evaluación y emisión de sus resoluciones, cree que estas propuestas pueden ser insuficientes.
“Considero que es necesario contar con sistemas digitales eficientes para la gestión de los permisos, así como con mecanismos efectivos para resolver conflictos entre las empresas que lideran los proyectos de inversión y las comunidades locales, buscando llegar a acuerdos. Solo un enfoque integral que considere instalar la infraestructura necesaria, procurar la estabilidad regulatoria, mejorar la capacidad de respuesta del Estado y, al mismo tiempo, generar incentivos adecuados para la inversión, es posible garantizar que los proyectos no sólo se aceleren, sino que también sean sostenibles y beneficiosos para el país en su conjunto”, agrega la líder del organismo gremial.
Desafíos y aspectos críticos
En cuanto a los aspectos desafiantes de estas reformas, Wilhelm dice que se deben tomar en cuenta criterios de protección ambiental, una adecuada participación ciudadana, y las particularidades de cada región y sector, para equilibrar la obtención de los permisos.
“Es claro que dichas reformas buscan simplificar y unificar los procedimientos para obtener permisos, lo cual implica una revisión y posible modificación de las normativas vigentes. Pero esto puede ser complejo dado que cada sector (minería, energía y construcción) tiene regulaciones específicas que atienden a diferentes aspectos técnicos y ambientales, corriéndose el riesgo de crear lagunas regulatorias o de no atender adecuadamente las particularidades de cada sector”, advierte.
Otro aspecto que se debe considerar, de acuerdo a la líder de RIM Chile, es que estas reformas requerirán de una mayor coordinación entre diferentes instituciones y organismos que emiten permisos sectoriales.
“Esto es un desafío no menor, debido a la diversidad de criterios y enfoques que pueden existir entre las distintas entidades, pues en caso de no lograr una coordinación efectiva se pueden generar retrasos, duplicación de esfuerzos, o contradicciones en la emisión de permisos, lo que podría producir incertidumbre para las empresas y afectar la inversión”, sostiene Wilhelm.
También precisa que Chile al ser un país con una gran diversidad geográfica y socioeconómica, puede implicar que la obtención de permisos puede variar significativamente de una región a otra. “Por ello, las reformas planteadas deben ser lo suficientemente flexibles para adaptarse a estas diferencias sin perder coherencia a nivel nacional”, afirma la presidenta del gremio.
Experiencias internacionales, ejemplos a seguir
Distintos países han enfrentado el mismo problema respecto a la aprobación de los permisos para materializar los proyectos de inversión. Al respecto, Wilhelm cree que Chile puede beneficiarse de aquellos países que han implementado reformas exitosas que buscan agilizar los proyectos de inversión. Es el caso de Australia con su sistema “One-Stop Shop” que permite a los inversionistas interactuar con una única agencia gubernamental para obtener todas las aprobaciones ambientales necesarias.
“Un enfoque de esta naturaleza puede servir como un modelo para centralizar y coordinar las evaluaciones ambientales en Chile, disminuyendo la variabilidad de criterios entre regiones, lo que podría reducir los tiempos de espera y la complejidad del proceso”, dice.
Asimismo, plantea que el país puede tomar como ejemplo la experiencia de Singapur, que desarrolló un sistema muy eficiente para la obtención de permisos de construcción a través de la digitalización completa del proceso. “El sistema de Aprobación Electrónica de Construcción (CORENET) posibilita que los inversionistas puedan enviar y recibir todas las aprobaciones necesarias de manera digital, simplificando y acelerando los procesos de permisos, junto con aumentar la transparencia y reducir la burocracia”, señala.
Finalmente, la presidenta de RIM Chile cree que para el buen éxito de las reformas que están siendo actualmente analizadas en el Congreso, los legisladores deben centrarse en asegurar que los criterios técnicos de evaluación primen y que no se disminuyan las exigencias de conservación del medio ambiente.
“Es fundamental establecer plazos y criterios claros para cada etapa de tramitación de los permisos, fortalecer la coordinación entre organismos públicos, y asegurar que estos estén preparados para implementar dichas reformas”, concluye Stephanie Wilhelm.