En la conferencia Proyectmin, el jefe de Evaluación Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente afirmó que los servicios públicos cumplen con los plazos y que el 95% de los proyectos son calificados favorablemente, lo que llamó la atención entre los otros participantes. Desde Sonami creen que las reformas no lograrán dar con el “fondo del asunto”.
Las llamadas “reformas a la permisología” -que considera los proyectos Sistema Inteligente de Permisos y Evaluación Ambiental 2.0 presentados por el Ejecutivo en enero de este año y que actualmente se están tramitando en el Congreso-, nuevamente se encuentran en el foco del debate, esta vez durante la conferencia ProyectMin organizada por B2B Media Group.
Dentro de las indicaciones presentadas el 23 de julio de este año, respecto del proyecto de Ley de Evaluación Ambiental 2.0, destaca la disminución significativa de más de un 50% de los plazos para las reclamaciones de las RCA, las cuales serán conocidas por un Consejo de Reclamaciones definido como un órgano colegiado de alto nivel. Además, se contempla un procedimiento ágil para las modificaciones de proyecto a través de Declaraciones Juradas que no sean de consideración. “Queremos fortalecer el carácter técnico de la evaluación, así como también vamos a racionalizar y revisar las observaciones que los titulares deberán responder, junto con “atacar” los días de suspensión. Un elemento importante, en esta línea, es la disminución de las instancias políticas, como la eliminación del Comité de Ministros y la Comisión Local de Evaluación Ambiental (COEVA)”, comentó Sebastián Aylwin, jefe de Evaluación Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente (MMA).
En relación con el reglamento del SEIA, Aylwin manifestó que “se abordarán los problemas de las tipologías de ingreso para evaluar los proyectos que efectivamente generan impactos ambientales relevantes”. Y en relación con los Permisos Ambientales Sectoriales (PAS) se considera una tramitación íntegra de estos en el SEIA, sin trámites posteriores, con el fin de evitar duplicidades y descoordinaciones entre los Órganos de la Administración del Estado (OAE).
Uno de los argumentos que expuso Aylwin, y que llamó la atención de los asistentes durante la conferencia ProyectMin, fue su análisis de que los servicios públicos cumplen con los plazos legales, al igual que el 95% de los proyectos son calificados favorablemente y menos del 10% de los proyectos aprobados se judicializan. Los gremios invitados al encuentro (Aprimin, Cesco, Sonami y Consejo Minero) respondieron a la afirmación.
Agilizar la puesta en marcha de los proyectos
Si bien Jorge Riesco, presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), valoró el sentido de las reformas a la permisología, cree que estas no lograrán dar con el “fondo del asunto” y que se “requiere dar vuelta el sistema”.
“Se necesita, por parte del Gobierno, una agilización en la entrega de permisos a proyectos mineros para aumentar la producción de cobre. Por ejemplo, los proyectos de expansión no pueden pasar por los mismos procesos de evaluación que los proyectos nuevos. Pues para incrementar la producción de cobre en 1 millón de toneladas métricas más de lo que hoy produce la industria, tal como lo dijo el Presidente Gabriel Boric en la reciente ENADE, no podemos esperar a que una obra minera recién produzca su primera tonelada de cobre en 10 años más”, recalcó el ejecutivo.
Por su parte, Jorge Cantallopts, director Ejecutivo del Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cesco), hizo énfasis en la necesidad de fortalecer las instituciones públicas, junto con despolitizarlas, para que cumplan su rol de agilizar la puesta en marcha de los proyectos y así acelerar la inversión minera. “La permisología es un tema global, pues en todo el mundo es una realidad, pero si hacemos los cambios necesarios podemos obtener una ventaja”, dijo el experto en el panel.
Desde el Consejo Minero también se pronunciaron, destacando que el Consejo de Reclamaciones buscará entregar certezas tanto a las comunidades como a los titulares de los proyectos. Asimismo, resaltaron la importancia que tiene la tipología de ingreso de los proyectos para apremiar su tramitación. “El problema es que existen muchos proyectos tramitándose en paralelo sin la coherencia necesaria. Es muy valioso que cambien las tipologías, aunque existe un asunto pendiente, como lo es otorgarle al SEA una jefatura colegiada”, puntualizó José Tomás Morel, gerente de Estudios del Consejo Minero.
Consultado por el rol que juega el Consejo de Monumentos Nacionales en este proceso de tramitación de permisos, Sergio Hernández, director ejecutivo de Aprimin, dijo que este organismo representa un “talón de Aquiles” que obstaculiza una mayor productividad y competitividad del sector minero.
“Si bien es cierto que se debe proteger el patrimonio arqueológico, muchas veces se excede ese planteamiento, lo que finalmente termina por paralizar las inversiones y, por ende, perjudicar gravemente el crecimiento económico del país”, precisó el ejecutivo. A su turno, Dominique Viera, presidenta del mismo gremio, hizo un llamado a las autoridades estatales para sentarse a conversar, con el objetivo de poder mejorar los permisos medioambientales.
IMAGEN: gentileza Ministerio de Medio Ambiente