La acción judicial acusa la omisión de la consulta indígena y advierte riesgos sobre los recursos hídricos esenciales para la comunidad.
La Comunidad indígena Isla Huapi presentó ante la Corte de Apelaciones de Valdivia un recurso de protección en contra de la Comisión de Evaluación Ambiental de Los Ríos, presidida por Vicky Carrasco, para dejar sin efecto la declaración de impacto ambiental favorable otorgada al proyecto inmobiliario que busca instalarse en Bahía Coique a orillas del lago Ranco.
De acuerdo con lo expuesto en el recurso judicial, la comunidad califica de arbitraria e ilegal la aprobación ambiental otorgada el 7 de septiembre al proyecto impulsado por la familia Piñera Morel, que contempla la construcción progresiva de 208 unidades habitacionales de uso vacacional, entre el segundo semestre de 2026 y el año 2033.
Cuestionamientos
Se argumenta que la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto omitió la realización del Procedimiento de Consulta Indígena, previsto en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pese a que la comunidad indígena Isla Huapi “sería susceptible de afectación directa”.
Esta situación vulneraría la garantía de igualdad ante la ley al no evaluar ni resguardar los eventuales impactos sobre sus formas de vida tradicional y el territorio que ocupan ancestralmente.
Asimismo, el recurso presentado cuestiona que la evaluación ambiental haya restringido el área de influencia únicamente a sectores aledaños al proyecto, bajo el argumento de que la comunidad se encuentra a 9,8 km y separada por las aguas.
“Sin embargo, para la comunidad y los habitantes de la isla, la totalidad de las aguas del lago Ranco constituye una proyección del territorio insular, con el cual se mantiene una relación espiritual, ya que muchas prácticas ancestrales se desarrollan en íntima relación con el agua, la cual debe ser pura y exenta de toda contaminación pues se trata de un elemento vivo desde la cosmovisión de sus habitantes”, se lee en el documento.
El recurso advierte además sobre las posibles consecuencias territoriales, ambientales, culturales y jurídicas que acarrearía un proyecto de esta magnitud en el sector, especialmente considerando que los habitantes insulares no cuentan con un sistema de Agua Potable Rural (APR) y extraen agua de manera directa desde el cuerpo hídrico.
Frente a ello, la comunidad local solicitaron ante la Corte de Apelaciones, por un lado, dejar sin efecto la resolución que calificó favorablemente la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Nuevo Desarrollo Inmobiliario Bahía Coique” y por otra parte, revertir el proceso de evaluación ambiental del proyecto a la etapa inicial de tramitación, a fin de que se realice la Consulta Indígena prevista en el artículo seis del Convenio 169 de la OIT.