La electrificación en España tropieza con cargas que encarecen la luz frente a los combustibles fósiles, mientras las renovables demuestran que reducir la dependencia exterior mejora la competitividad.
¿Electrificación en España o combustibles fósiles?
La electrificación en España avanza con una contradicción que el Gobierno debe solucionar: las renovables reducen la dependencia exterior, pero la electricidad soporta cargas que dificultan abandonar los combustibles fósiles. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) reclama corregir este desequilibrio.
El diagnóstico reconoce que hay un éxito ambiental y económico: más generación limpia, menos dependencia del gas importado y mayor seguridad energética. Sus resultados debilitan el discurso que presenta al desarrollo de las renovables como un obstáculo para la competitividad.
Sin embargo, ese liderazgo todavía no transforma suficientemente coches, calefacciones y fábricas. El siguiente paso exige decisiones públicas: facilitar inversiones, revisar las señales de precios y proteger a los hogares vulnerables. Celebrar los avances sin resolver las barreras actuales sería caer en el conformismo.
Las renovables golpean la dependencia del gas: el avance merece una defensa
Según la AIE, entre 2015 y 2025, la participación de las renovables en la generación eléctrica española pasó del 35% al 56%, mientras que las emisiones disminuyeron aproximadamente un 20%. El organismo vincula estos avances al marco energético y climático nacional y al enfoque de transición justa.
La expansión también ha contribuido a reducir los precios de los mayoristas y las necesidades de gas importado. Sin ese crecimiento, estima la agencia, las importaciones de gas destinadas a producir electricidad habrían sido casi un 40 % superiores en 2024, con 26.000 millones de dólares de coste adicional.
Es una estimación sobre un escenario alternativo, no una rebaja equivalente en cada factura doméstica. Pero muestra que hay un beneficio decisivo: sustituir combustible importado por generación renovable reduce la exposición del país a los suministros exteriores. Desacreditar ese avance supone ignorar sus evidentes ventajas económicas y ambientales.
Pese a ello, las importaciones cubrieron cerca del 70 % del consumo energético total en 2024. La electrificación en España debe extenderse más allá de las centrales: el éxito de producir electricidad limpia pierde alcance si petróleo y gas siguen dominando otros consumos.
La ventaja fiscal fósil frena la electrificación en España
La electricidad representa actualmente el 25 % del consumo final de energía, frente al objetivo del 35 % para 2030. Esta distancia señala dónde debe acelerarse la electrificación en España: transporte, edificios e industria necesitan aprovechar mejor la expansión renovable.
La AIE identifica un desequilibrio, ya que los impuestos, los gravámenes y los costes de acceso a las redes mantienen elevados los precios de la electricidad que deben pagar los consumidores, mientras los combustibles fósiles soportan cargas que son comparativamente mucho menores, y esto es lo que dificulta el cambio que persigue la política climática.
El organismo destaca la eliminación del impuesto sobre la producción eléctrica en 2026, pero recomienda seguir reequilibrando los precios. Ese ajuste debe proteger a los consumidores más vulnerables. La electrificación en España no puede convertirse en una oportunidad reservada a quienes disponen de suficientes ahorros.
Las barreras son concretas: adopción limitada del vehículo eléctrico, especialmente en flotas empresariales; calefacciones fósiles todavía extendidas e inversiones industriales iniciales elevadas. Pedir el cambio sin facilitar condiciones para acometerlo reduce la eficacia de cualquier objetivo anunciado.
Redes y Almaraz: las decisiones deben rendir cuentas
La agencia reconoce reformas para impulsar el almacenamiento y adaptar las redes. Reclama seguir modernizando infraestructuras y mejorar la flexibilidad, con una combinación equilibrada de energía solar, eólica y tecnologías híbridas. La electrificación en España necesita capacidad para integrar y aprovechar esa generación.
También recomienda gestionar cuidadosamente el cierre de las nucleares. Tras la ampliación operativa de la central de Almaraz, plantea un marco transparente para evaluar futuras decisiones caso por caso, considerando costes y beneficios para consumidores y sistema. Esa exigencia obliga a justificar las decisiones que se tomen con información accesible y criterios verificables.
El Gobierno anunció en septiembre una propuesta de planificación de la red de transporte hasta 2030 con más de 17.000 millones de euros de inversión, tras analizar 2.566 aportaciones. Ese anuncio añade una referencia concreta para exigir resultados: la electrificación en España necesita conexiones disponibles y proyectos ejecutados. La dependencia fósil no retrocede con cifras presentadas en una comparecencia; retrocede cuando las infraestructuras entran en servicio y permiten sustituir combustibles importados.