Un déficit superior a los $21 mil millones proyecta la implementación del SBAP para el próximo período, según reveló el informe de la organización.
La Fundación Terram publicó recientemente su informe anual de análisis presupuestario asignado para las áreas protegidas terrestres en Chile, advirtiendo las brechas que enfrenta la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).
El documento titulado “Emergencia en el Financiamiento Público para Áreas Protegidas Terrestres en Chile”, hace una revisión al presupuesto asignado a las Áreas Silvestres Protegidas (ASP) que han sido administradas históricamente por la Corporación Nacional Forestal (Conaf).
Así también, aborda las brechas de financiamiento para áreas protegidas y la implementación del SBAP en relación al Proyecto de Ley de Presupuesto 2027, evidenciando que la creación de una nueva institucionalidad ambiental no ha resuelto el déficit estructural de recursos que afecta a la conservación del patrimonio natural del país.
Un déficit histórico que persiste
El informe da cuenta que Chile ha mantenido una inversión estructural en conservación muy por debajo del promedio de los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Según la tercera Evaluación de Desempeño Ambiental (EDA) del organismo, desde el año 2012 al 2021 el gasto público ambiental del país se ha situado históricamente en torno al 0,1% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que el promedio de las naciones integrantes de la OCDE alcanza aproximadamente el 0,6%.
Este déficit de inversión también se refleja en el financiamiento por hectárea terrestre. Entre 2015 y 2026, el presupuesto promedio alcanzó US$1,58 por hectárea, mientras que en 2026 se situó en apenas US$1,31.
El análisis plantea que el aumento sostenido de las hectáreas protegidas no ha sido acompañado por un incremento proporcional de los recursos públicos destinados a su administración y gestión, profundizando una brecha que compromete las capacidades del Estado para conservar efectivamente su patrimonio natural.
Asimismo, el análisis destaca que la ampliación de la superficie protegida no ha estado acompañada por un incremento proporcional del presupuesto fiscal, generando una fuerte dependencia de los ingresos operacionales, como el cobro de entradas y concesiones, para costear la administración histórica a cargo de la Corporación Nacional Forestal (Conaf).
SBAP: una brecha de más de $21 mil millones para 2027
Uno de los principales focos del informe corresponde a la brecha entre los recursos que la propia Dirección de Presupuestos (Dipres), estimó necesarios para implementar el SBAP y aquellos efectivamente asignados en las leyes de presupuesto de los últimos años.
Según el Informe Financiero Sustitutivo N°252 de diciembre de 2022, el SBAP debía contar con recursos adicionales por $35.958 millones durante 2026 y $43.925 millones en 2027. Sin embargo, el presupuesto aprobado para 2026 alcanzó solo $18.089 millones, generando una brecha de $17.565 millones respecto de las estimaciones oficiales. Para 2027, el proyecto de presupuesto contempla $22.304 millones, lo que representa un déficit de $21.621 millones frente a los recursos proyectados por la propia Dipres.
El informe advierte que esta diferencia no responde a una nueva estimación de necesidades, sino a una asignación presupuestaria inferior a la comprometida originalmente en 2022, con consecuencias directas para la dotación de personal, la fiscalización, el manejo en terreno y la instalación institucional del Servicio.
El estudio también alerta, entre otros aspectos, sobre los riesgos asociados al traspaso de la administración de áreas protegidas desde Conaf al SBAP, proceso que originalmente iba a ocurrir en septiembre de este año, pero que fue reprogramado para marzo de 2027 por el gobierno del Presidente Kast.
Recomendaciones para enfrentar la emergencia financiera
Frente a este escenario, el documento de Fundación Terram plantea una serie de recomendaciones prioritarias para la discusión presupuestaria y la implementación de la Ley N°21.600:
Entre ellas se encuentran, ajustar el presupuesto del SBAP a las estimaciones oficiales de Dipres, cerrando gradualmente la brecha de $21.621 millones para 2027, priorizando la contratación de guardaparques y la infraestructura necesaria para su desempeño en terreno.
Así también apunta a incrementar el aporte fiscal directo a las áreas protegidas, asegurar una transición institucional financiada y transparente entre Conaf y el SBAP, definir asignaciones presupuestarias específicas para áreas marinas protegidas y humedales, asegurando un financiamiento identificable y acorde con la superficie que el Estado se ha comprometido a conservar, entre otros aspectos.
El informe advierte que sin una decisión política que asegure recursos suficientes, estables y proporcionales a las necesidades del sistema, la nueva institucionalidad corre el riesgo de reproducir las mismas limitaciones que históricamente han afectado a la administración de las áreas protegidas terrestres en Chile.
Puedes acceder al informe completo de Fundación Terram en www.fundacionterram.cl
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