Agrupaciones socioambientales de Aysén acusan que la SMA no ha resuelto la investigación iniciada hace cinco años por el proyecto Prospecciones Equus Cerro Bayo.
Una serie de cuestionamientos hacia la labor de fiscalización ambiental han denunciado organizaciones ciudadanas y ambientales de la Región de Aysén, ante la falta de respuestas por la denuncia presentada hace cinco años en contra del proyecto “Prospecciones Mineras Equus Cerro Bayo”, en la comuna de Chile Chico.
La acción fue presentada el 10 de agosto de 2021 ante la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) por la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén (Codesa), la Agrupación Social y Cultural Aysén Reserva de Vida y la Corporación para el desarrollo sustentable del Lago General Carrera.
El requerimiento exigió esclarecer la legalidad de más de 50 plataformas de prospecciones mineras ejecutadas entre 2019 y 2021 en el proyecto ubicado en el Sitio Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad “Estepa Jeinimeni-Lagunas de Bahía Jara”.
Lo anterior, considerando que según la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente y el Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental, en Aysén toda prospección minera de más de 20 plataformas debe ingresar a evaluación ambiental de sus impactos. Exigencia que se robustece cuando un proyecto o actividad se ejecuta al interior de un área bajo protección oficial, como un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.
Según advirtió Codesa a través de un comunicado oficial, en este tiempo, la autoridad ambiental no ha podido decidir si la empresa cometió la infracción denunciada y en su caso, dar inicio al correspondiente procedimiento sancionatorio. Mucho menos se han dispuesto medidas de mitigación o reparación de los impactos ambientales que estos proyectos son susceptibles de causar.
Cuestionamiento
Pese a que en 2022 la SMA informó que los antecedentes habían sido derivados a su División Jurídica para evaluar un procedimiento sancionatorio, en septiembre de este año el organismo emitió la Resolución Exenta 2627 solicitando a la nueva titular del proyecto, Andean Silver Chile, ratificar el estado de ejecución de los sondajes. Posteriormente, en octubre, el órgano fiscalizador decidió otorgar una ampliación de plazo para que la titular del proyecto acompañe la información requerida.
El presidente de Codesa, Erwin Sandoval Gallardo, criticó esta nueva diligencia al considerarla dilatoria.
“Nos tomó totalmente por sorpresa las notificaciones recibidas las últimas semanas. Ello porque, además de la antigüedad de la denuncia, ya en 2022 la Superintendencia del Medio Ambiente nos informó que había derivado los antecedentes con el objeto de que se decidiera sobre el inicio de un procedimiento sancionatorio en contra de la responsable del proyecto. Antecedentes que confirman la infracción están en poder de la SMA, siendo del todo dilatorio este nuevo proceso investigativo”, explicó.
A la fecha existen tres registros distintos sobre el impacto: según los antecedentes expuestos en la denuncia del año 2021, Sernageomin reportó 52 plataformas, mientras que la antigua propietaria del proyecto declaró 30. Por su parte, Andean Silver Chile II SpA redujo la cifra a 19 plataformas, quedando esto último bajo el umbral de ingreso obligatorio al sistema de evaluación.
Llamado a la acción
Paralelamente, las organizaciones cuestionaron que a fines de septiembre autoridades regionales y el embajador de Australia recorrieran la faena destacando compromisos de empleo y proyección de reapertura del proyecto para 2027, sin abordar los requerimientos ambientales pendientes ni la denuncia de 2021.
“Como habitantes del territorio y como denunciantes de estas infracciones ambientales, esperamos que la SMA haga cumplir la normativa ambiental debiendo iniciar el procedimiento sancionatorio. Resulta del todo cuestionable e impresentable que llevemos más de cinco años esperando a que la SMA ejerza sus atribuciones, mientras que la autoridad política anuncia y festeja una futura reapertura del yacimiento minero Cerro Bayo”, señaló Erwin Sandoval Gallardo.
Desde la organización exigieron que se inicie el procedimiento sancionatorio y advirtieron sobre los riesgos de no sellar adecuadamente las perforaciones profundas, lo cual puede conectar napas de aguas subterráneas que la naturaleza mantuvo separadas por miles de años.
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