El Sistema de Jubilación de Empleados Públicos de Oklahoma (OPERS) ha decidido ampliar sus contratos de inversión con BlackRock Inc., que supervisa 7.3 millones de dólares en activos. Esta decisión llega inmediatamente después de que un juez de un tribunal de distrito estatal suspendiera la aplicación de la ley anti-ESG de Oklahoma, que exige la desinversión de empresas que supuestamente boicotean la industria de los combustibles fósiles.
Joe Fox, director ejecutivo de OPERS, confirmó que las extensiones de contrato eran una transferencia de una reunión de abril debido a que BlackRock estaba en la lista restringida del estado. La ley, conocida como Ley de Eliminación de la Discriminación Energética, prohíbe a las entidades estatales contratar empresas que participen en boicots energéticos.
Esta paralización legal fue motivada por una demanda de un empleado público jubilado, que llevó a la suspensión temporal de la ley. La legislación anti-ESG ha impactado las relaciones de BlackRock con los clientes de pensiones públicas en los estados liderados por los republicanos, que son inversionistas importantes.
El proyecto de ley 1026 de la Cámara de Representantes de Oklahoma, promulgado en abril de 2024, prohíbe a las agencias estatales seleccionar empresas de inversión que consideren factores ESG junto con los rendimientos financieros. Esta ley ha sido criticada por defensores de ESG que argumentan que prioriza las ganancias a corto plazo sobre la sostenibilidad a largo plazo.
BlackRock, un firme defensor de la inversión ESG, reconoció la ley de Oklahoma pero mantiene su compromiso con el fondo de pensiones estatal. “Estamos comprometidos a trabajar con nuestros clientes para lograr sus objetivos de inversión, y eso incluye cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables”, dijo la portavoz de BlackRock, Sarah McKinney. McKinney no comentó si BlackRock impugnaría la ley de Oklahoma en los tribunales.
Algunos expertos legales creen que la ley de Oklahoma podría enfrentar desafíos legales. “Esta ley plantea serias dudas sobre el deber fiduciario de los funcionarios estatales de inversiones de actuar en el mejor interés de sus beneficiarios.”, dijo el jurista David Jones. “Los factores ESG pueden ser importantes desde el punto de vista financiero y excluirlos del proceso de toma de decisiones de inversión podría constituir una violación de ese deber.”
Sólo el tiempo dirá cómo se desarrollará esta situación. Sin embargo, una cosa está clara: es probable que el debate sobre la inversión ESG continúe.
Información Diario ESG