La resolución sienta un precedente para la protección de territorios ecológicamente sensibles en Chile y pone término a un procedimiento administrativo iniciado hace seis años.
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) resolvió sancionar por elusión ambiental al proyecto inmobiliario Alto Maullín, en la Región de Los Lagos, imponiendo una multa de casi $3.800 millones calculada sobre el beneficio económico ilícito obtenido por la venta de parcelas.
La decisión se adopta seis años después de la primera denuncia contra un proyecto de loteo de 87 parcelas ubicado a orillas del río Maullín, en la comuna de Llanquihue. La intervención provocó una afectación ambiental directa sobre un ecosistema frágil emplazado en un área protegida, generando principalmente pérdida de bosque nativo y degradación del suelo. Todo ello ocurrió sin que el proyecto fuera sometido previamente al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, situación que encendió las alertas tanto de las autoridades como de organizaciones de la sociedad civil.
La resolución emitida recientemente pone término a un extenso procedimiento administrativo, impulsado por organizaciones ciudadanas y comunidades locales que denunciaron el desarrollo del proyecto en un territorio vinculado al Santuario de la Naturaleza Humedales del río Maullín y reconocido como sitio prioritario de conservación.
Durante ese período, los denunciantes obtuvieron fallos favorables del Tercer Tribunal Ambiental, la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema.
Entre las organizaciones denunciantes estuvieron Fundación Legado Chile, el Comité Ambiental Comunal Puerto Varas, Fundación Conservación Marina, Birds Chile y la Asociación de Tour Operadores Los Lagos.
El presidente del Comité Ambiental Comunal de Puerto Varas, Ennio Nasi Borsarelli, aplaudió la sentencia de la SMA y destacó el trabajo persistente de la sociedad civil por visibilizar la situación y resguardar el ecosistema local.
Qué hay detrás de la resolución
La resolución es la primera en reconocer expresamente la relevancia del sitio prioritario del río Maullín como criterio para evaluar los impactos de un proyecto inmobiliario, lo que fortalece la protección futura de la cuenca y entrega un precedente.
La abogada del caso Anais Baraona Mancilla, explicó que esta resolución sancionatoria marca un hito fundamental en la protección del patrimonio natural de Chile al imponer una multa total de 4.414 UTA, la cual está diseñada principalmente para neutralizar el beneficio económico ilícito derivado de la venta de lotes al margen de la ley.
“La sanción establece, además, un precedente jurídico crucial para la industria inmobiliaria desde la institucionalidad ambiental: la evaluación ambiental es obligatoria y preventiva, y no se permitirá que las empresas utilicen “desistimientos parciales” como una vía para eludir el sistema después de haber causado impactos ambientales significativos, como se pretendió hacer en este caso”, detalló.
Además informó que con este criterio de la superintendencia, se asegura que ningún proyecto inmobiliario similar, emplazado en áreas protegidas, pueda situar su rentabilidad por encima del derecho a un medio ambiente sano.
La directora ejecutiva de Fundación Legado Chile, Verónica Irarrázabal, valoró la decisión, aunque subrayó la importancia de que las instituciones del Estado funcionen adecuadamente, evitando que las situaciones lleguen a instancias de denuncia y eventual sanción.
“Esta resolución debe ser una señal clara para las empresas: los proyectos tienen que seguir los procesos regulares, con excelencia, especialmente cuando están vinculados a ecosistemas tan frágiles como el río”, afirmó.
La protección del río Maullín no fue fruto de la acción espontánea del Estado, sino del trabajo persistente de comunidades y vecinos que durante años exigieron el cumplimiento de la ley. La cuenca del Río Maullín, con sus humedales, su biodiversidad y su rol como corredor biológico en el sur de Chile, gana con esto un antecedente concreto que podrá invocarse en futuros conflictos.
La empresa aún puede impugnar la sanción judicialmente, por lo que las organizaciones anunciaron que continuarán vigilando el cumplimiento de la resolución.
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