Tras 19 meses de trámites, la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó las sanciones contra la empresa que además deberá pagar más de $12 mil millones.
El pasado viernes 8 de mayo, la Corte de Apelaciones de Santiago dictó una sentencia clave para el sector minero y ambiental en la Región de Aysén. El tribunal resolvió confirmar la decisión tomada originalmente por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) en 2022, respecto a las obligaciones legales de la Minera Pacífico del Sur, operadora del yacimiento El Toqui ubicado en el sector de Alto Mañihuales.
La controversia se remonta cuando el servicio fiscalizador sancionó a la compañía por incumplir la Ley 20.551, que obliga a las empresas a constituir garantías financieras, es decir, fondos asegurados en favor del Estado, para ejecutar las medidas de sus Planes de Cierre de Faenas Mineras.
El objetivo de este instrumento es cautelar la vida, salud y seguridad de las personas, además del medio ambiente, ante un eventual abandono o ejecución deficiente de las labores de clausura.
En este sentido, la Corte confirmó que la empresa debe pagar una multa de 5.840 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), cifra que actualmente supera los $400 millones, junto con ello debe constituir las garantías adeudadas, las cuales ascienden a más de 320.697 Unidades de Fomento (UF), es decir, una cifra superior a los $12 mil millones.
Denuncian “prácticas dilatorias”
Respecto a la demora en esta resolución, desde la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén (Codesa) y la Red de Protección y Defensa del Territorio Patagonia, acusaron la existencia de “prácticas dilatorias” entre Sernageomin y la Minera Pacífico del Sur, que impidieron contar con esta decisión con mayor rapidez.
Según los antecedentes compartidos por las organizaciones, el plan de cierre para el yacimiento El Toqui fue aprobado en 2018 sin las garantías respectivas, apenas meses después de que el yacimiento fuera sancionado por la Superintendencia del Medio Ambiente por contaminar con metales pesados debido a la ejecución de un tranque de relaves sin evaluación ambiental.
Tras la declaración de quiebra del anterior propietario y el traspaso tanto de la propiedad como del plan de cierre a Minera Pacífico del Sur, Sernageomin impuso la sanción de 5.840 UTM, luego de constatar que la empresa no pagó las tres primeras anualidades correspondientes a las Garantías Financieras.
Desde el mes de octubre del año 2024 la controversia se encontraba alojada en la Corte de Apelaciones de Santiago tras una apelación presentada por la compañía. Instancia en la cual, pese a la urgencia de que el Estado cuente con los recursos adeudados por la empresa, no existía mayor avances en el procedimiento.
Así lo señaló el presidente de Codesa, Erwin Sandoval, quien afirmó que en este proceso se evidenciaron una serie de maniobras dilatorias de común acuerdo entre Sernageomin y la empresa.
“Después de 19 meses de trámites dilatorios el pasado viernes se rechazó el recurso de la Minera Pacífico del Sur, tiempo que pudo haberse ahorrado la comunidad local, que sigue esperando por estos recursos y medidas urgentes. Resulta que en la tramitación veníamos acciones de común acuerdo con Sernageomin para retrasar este proceso”, comentó Sandoval en entrevista en Buenos días Aysén.
Las garantías que hoy adeuda Minera Pacífico del Sur buscan que, si la empresa incumple las medidas de cierre, sea el Estado el que cuente con los recursos necesarios para ejecutar las medidas y garantizar los derechos de la población.
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