La reciente investigación de Fundación Terram expone un vacío normativo que favorecería a grandes empresas. Conoce los antecedentes en la nota.
Una reciente investigación desarrollada por Fundación Terram ha puesto la lupa sobre la transparencia en el sector acuícola nacional, tras revelarse presuntas irregularidades que involucran a exfuncionarios y grandes compañías del rubro.
El foco de la controversia se enmarca en la aprobación por parte de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) de seis Agrupaciones de Concesiones de Salmones (ACS) o barrios, que agrupan 55 centros de cultivo, todos ubicados en la Región de Magallanes, pasando a conformar 16 nuevos barrios.
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Esto, de acuerdo al informe de Maximiliano Bazán, periodista de Fundación Terram, implicaría un cambio en la temporalidad de la producción de los centros en favor de tres empresas, quienes podrán intensificar su producción a costa de mayores riesgos sanitarios y ambientales.
Según se explica, el trámite se originó en una propuesta del jefe de la División de Acuicultura de la Subpesca durante el segundo gobierno de Piñera, Eugenio Zamorano, redactada entre marzo y mayo de 2022, pocos días después de haber dejado su cargo en el ente regulador el 11 de marzo de ese año.
Esto, a cambio del pago de 150 UF mensuales, es decir alrededor de $6 millones actuales, con un premio de 400 UF, $16 millones actuales, por cada barrio original subdividido, según consta en documentos que fueron denunciados en la Contraloría General de la República.
Según los antecedentes denunciados a los que se tuvo acceso en el marco de la investigación, el archivo Word que contiene la propuesta enviada a las empresas Australis Seafood, Blumar y Cermaq fue elaborado originalmente el 20 de marzo de 2022 en la sesión de la usuaria Jessica Fuentes, en ese entonces subdirectora jurídica del Sernapesca, órgano fiscalizador de la industria salmonera, y también pareja de Zamorano, y luego editado por el usuario Eugenio Zamorano el 20 de mayo de 2022, quien finalmente envió por correo esa misma tarde al representante de una de las tres empresas.
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Según la investigación, se contactó a Eugenio Zamorano, pero no quiso participar del reportaje.
Pese a estos antecedentes, la Contraloría desestimó faltas a la probidad, “debido a que la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura no es un organismo fiscalizador de aquellos a que se refiere el inciso final del artículo 56 de la ley N° 18.575, al aludido ex funcionario de esa entidad don Eugenio Zamorano Villalobos no le afecta la incompatibilidad establecida en esa norma legal”, concluyó el organismo.
Por su parte, Jessica Fuentes, cuyos antecedentes no fue tenido a la vista por la Contraloría, dijo: “No participé en la elaboración de la propuesta, por lo que es evidente que no hay ninguna falta a la probidad administrativa”.
La investigación revela que luego de dejar sus cargos públicos, ambos funcionarios pasaron a trabajar a Acuiestudios, la consultora más influyente en la industria pesquera y acuícola, y entre cuyos socios y equipo se encuentran varias ex autoridades de la Subpesca y Sernapesca.
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Riesgo en áreas protegidas
De las ocho Agrupaciones de Concesiones de Salmónidos (ACS) inicialmente acordadas para subdividir, finalmente seis llegaron a destino, subdividiéndose en 16 nuevas ACS, que en total agrupan a 55 centros de cultivo, es decir: 26 de Australis; 13 de Cermaq; nueve de Blumar; cuatro de Trusal y tres de Aquachile.
Según un ex ejecutivo de una empresa salmonera consultado en el marco de esta investigación y que prefirió no dar su nombre, disociar los ciclos productivos de una misma ACS permite aplanar la producción en el tiempo, permitiendo evitar un sobre stock que pueda afectar el precio de venta del salmón.
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Pero hay otro efecto tal vez más relevante aún, según enfatiza la investigación de Fundación Terram, como es la reducción del tiempo entre un descanso sanitario y el siguiente o, dicho de otro modo, el periodo mínimo que tiene una empresa para volver a desarrollar un ciclo productivo, lo cual condiciona el nivel de productividad y, por tanto, las ganancias.
Esto es importante para los centros que producen la especie salmón del atlántico ya que, entre un descanso sanitario y otro, solo pueden desarrollar un ciclo productivo y al acortarse el tiempo en seis o 12 meses entre cada descanso sanitario, como ocurre con varias de las ACS subdivididas, las empresas pueden intensificar aún más su producción.
Esto significa más salmones en engorda, más antibióticos, más alimento y más fecas alojadas en el fondo marino en el mismo periodo de tiempo, y en una zona donde, al desacoplarse los descansos sanitarios, en realidad deja de tener descansos.
De los 55 centros de cultivo que integran las ACS subdivididas y cuya producción podrá ser intensificada, 39 se ubican dentro de la Reserva Nacional Kawésqar, un área donde el crecimiento y expansión de la industria se encuentra suspendida, a la espera del plan del manejo que debe publicar el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).
Según explica la investigación a través de estas subdivisiones, las empresas estarían utilizando un vacío normativo para intensificar la producción, aun cuando el área protegida no tenga vigente un plan de manejo, ya que al desfasar los descansos sanitarios y disminuir el tiempo que transcurre entre uno y otro, cada centro de cultivo podrá realizar más ciclos productivos en un menor periodo de tiempo.
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