Organizaciones de la Región de Aysén apuntan a ilegalidades en que se encontraría el yacimiento minero y que habrían sido obviadas por Sernageomin.
Diversas organizaciones de la Región de Aysén presentaron recientemente un requerimiento ante la Contraloría Regional de Coyhaique, para que la entidad se pronuncie sobre las operaciones de la minera El Toqui.
La solicitud fue suscrita por la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén (Codesa), la Agrupación Aysén Reserva de Vida, ONG Ecosistemas y la Red de Protección y Defensa del Territorio Patagonia, quienes denunciaron contaminación y afectación a los derechos humanos, producto de la actividad minera en el sector de Alto Mañihuales.
La presentación pide determinar si el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) ha cumplido con la Ley 20.551 de Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras, aspecto que los denunciantes consideran crítico debido al abandono estatal percibido en la zona.
El presidente de Codesa, Erwin Sandoval, explicó que el requerimiento se enmarca en el prolongado trabajo ciudadano orientado a que las instituciones adopten medidas frente a la situación que se vive en el sector de Alto Mañihuales.
“Lamentablemente, existiendo evidencia robusta y de larga data que da cuenta de la contaminación en la zona, las autoridades del Estado no han ejercido las atribuciones y competencias que poseen para abordar esta situación”, enfatizó.
Los cuestionamientos de fondo
El objetivo del requerimiento es clarificar diversos aspectos relacionados con las operaciones del yacimiento.
En primer lugar, además de exponer varias circunstancias que cuestionarían la legalidad del Plan de Cierre de Faena Minera El Toqui, aprobado en diciembre del año 2018, hicieron presente que la minera se encuentra actualmente en incumplimiento de un requerimiento solicitado por Sernageomin, para actualizar este instrumento.
Lo anterior resulta relevante dado que, según dispone la legislación, sin un plan de cierre vigente un yacimiento minero no puede operar.
A esto se agrega que actualmente el Sernageomin evalúa un plan de cierre únicamente para el tranque de relaves Confluencia, desconociendo que el propio servicio, desde el año 2022, ha exigido tanto la auditoría mencionada como la actualización de todo el plan de cierre del yacimiento y no sólo una parte de éste.
Las organizaciones ambientales y sociales, afirman que resulta contradictorio que, estando en incumplimiento de dichas obligaciones, se le permita a la empresa una salida para operar.
Por otra parte, hacen presente que la empresa no ha ingresado el proyecto de “Crecimiento de tranque” al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, pese a serle requerido desde el año 2020 por la Superintendencia del Medio Ambiente.
Es por esto que solicitan que se dictamine si resulta legal o no que Sernageomin evalúe y eventualmente, autorice un Plan de Cierre para el Tranque de Relaves Confluencia mientras la empresa continúe en incumplimiento de su deber de evaluar ambientalmente la instalación minera. Y, por ende, que se cumpla dicha condición previa.
A todo lo anterior se suma la petición de que la Contraloría dictamine si Sernageomin cuenta con competencias para investigar y fiscalizar, los impactos que la minera ha causado sobre el ambiente y los habitantes del sector de Alto Mañihuales y sus alrededores.
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